La Audiencia Provincial de las Illes Balears ha ordenado, a instancias de UGT, la continuación de las diligencias judiciales para esclarecer si el ex alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, cometió dos presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores, según informó ayer UGT-FSP en un comunicado.
Según el sindicato, «Alzina suspendió de empleo y funciones durante seis meses a un delegado sindical y policía local por realizar una asamblea en agentes de la Policía Local que acordaron, como medida de presión contra la actitud municipal en materia retributiva, no realizar horas extras voluntariamente».
Hay que recordar que FSP-UGT presentó, en septiembre de 2009, una querella criminal contra el ex socialista ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Manacor después de que el TSJB reconoció «la anticonstitucionalidad y falta de motivación de la medida de suspensión de empleo y funciones».
El juzgado que conoció la causa del expediente disciplinario sentenció que no hubo ninguna infracción administrativa. Desde el sindicato señalaron que «el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Manacor dictó el sobreseimiento provisional, que fue recurrido por el sindicato y que no aceptó el juzgado, lo que motivó el recurso ante la Audiencia Provincial que, finalmente, ha ordenado que siguiera la instrucción del procedimiento».
Fundamento
«La motivación de la querella criminal de la FSP-UGT queda fundamentada en la actitud de quien fue primer edil gabellí , considerada como atentatoria de la libertad sindical y prevaricadora porque se adoptaron decisiones que se sabían que no eran las correctas», según explica el comunicado. La entidad recordó que el objetivo tenía «una clara intención de quitarse de delante a un delegado de la UGT».
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