Los operarios continuaron ayer con las obras de canalización en el puente antiguo. | G. Alonso

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El Ajuntament de Manacor está estudiando la posibilidad de demandar al Govern balear y al Consell de Mallorca como responsables también de la construcción del puente del Riuet de Porto Cristo.

La intención de los responsables municipales es que no sólo el Consistorio manacorí tenga que asumir el cien por cien del coste de la demolición de la infraestructura, que ascienden a un millón de euros, y de las obras de desvío de servicios, que hace dos días que han comenzado.

El objetivo final es que las dos instituciones supramunicipales paguen al menos un tercio cada una del montante final de la actuación, la misma parte que aportaron para financiar en 2002 las obras de construcción gracias a un convenio entre las tres partes implicadas.

Además, uno de los puntos fuertes que esgrimen desde el Ajuntament es que dos informes de la Comisión Balear de Medio Ambiente (1998 y 2000), organismo dependiente de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, dieron el visto bueno sobre el impacto ambiental de la obra.

Ahora resulta, sin embargo, que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJB) se ampara en su última providencia emitida para obligar a demoler el puente en un decreto ley sobre impacto ambiental de 1978.

Cabe recordar que hasta 2001 las competencias de carreteras eran del Govern balear y a partir de este año fueron transferidas al Consell de Mallorca, por lo que se obligó a la firma de un convenio.

Autorización

De esta manera, el Ajuntament de Manacor quiere pedir responsabilidades al Govern balear y el Consell de Mallorca por autorizar la construcción de una infraestructura que ha sido declarada ilegal y obligada a ser demolida antes del 26 de septiembre.

El Consistorio manacorí entiende que sólo fue el promotor de una obra que tenía todos los permisos de las instituciones y que además éstas pagaron dos tercios de su construcción junto con la administración local.

Además, entre los responsables municipales hay un cierto malestar por la falta de implicación del Govern y del Consell en la defensa del puente incluso ahora que gobierna el mismo color político en Manacor y Palma, una situación que se califica como «muy grave».