El Ajuntament de Santa Maria es uno de los afectados por el paro de las aportaciones.

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Algunos consistorios de la isla achacan a la falta de personal administrativo el que no hayan presentado las cuentas ante el Ministerio de Economía y Hacienda -tal y como dicta la nueva Ley de Economía Sostenible-, y que éste, a consecuencia de ello, haya paralizado el envío de dinero procedente de las aportaciones del Estado por la recaudación de impuestos, a los 12 ayuntamientos que no han presentado sus cuentas: Ariany, Banyalbufar, Capdepera, Consell, Deià, Estellencs, Escorca, Fornalutx, Maria de la Salut, Petra, Pollença y Santa Maria.

Los máximos responsables de los ayuntamientos de Petra, Caterina Mas; y Ariany, Joan Ribot, coinciden en señalar que sus consistorios no han presentado las cuentas ante el Ministerio de Economía y Hacienda por la «falta de personal».

Recursos

Ribot es muy claro: «La voluntad la tenemos pero nos faltan los recursos humanos, no podemos asumir más gastos».

Por su parte, Mas, alega la misma cuestión: «No tenemos el personal suficiente para poder entregar las cuentas».

Los alcaldes de Banyalbufar y Estellencs, Mateu Ferrà (CxI) y Bartomeu Jover (PP), coincidieron con sus homólogos al apuntar que la precariedad que atraviesan sus respectivos departamentos administrativo y contable ha ralentizado la presentación de las cuentas ante el Ministerio.

El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre (PP), responsabilizó al anterior gobierno de haber dejado un «desastre contable» en el Ajuntament. «La liquidación no estaba hecha y nos hemos puesto a trabajar en ello, de manera que estará este mes».

La alcaldesa de Santa Maria, Rosa Vich (PSM), señaló que «antes que finalizara el plazo pedimos un aplazamiento para presentar la documentación alegando falta de personal, pero desde el gobierno alegan que no se realizó dentro de plazo». En este sentido Vich manifestó que «el Estado debería ser más sensible ante las dificultades de los ayuntamientos».

Antoni Solivellas, alcalde de Escorca, también criticó la medida y aseguró que a un «ayuntamiento pequeño no se le pueden quitar las aportaciones del Estado».