En esta providencia, el presidente, Gabriel Fiol, y los magistrados Pablo Delfont y Carmen Frigola, se refieren a un oficio remitido por el alcalde en fecha de 21 de noviembre en el que recuerda al tribunal al Tribunal la existencia de un acuerdo plenario en relación a una petición de cooperación económica con el Govern balear y a la solicitud de una partida presupuestaria del Consell por importe de 176.000 euros para seguir adelante con la ejecución.
El juzgado considera que en el escrito no queda constancia de que dichas ayudas hayan sido concedidas y que «supone una mayor demora en aquella ejecución» -hasta ahora realizada solamente de forma parcial a pesar de la sentencia en firme- «de la cual han sido ya superados, con creces, todos y cada uno de los diferentes plazos», el último de los cuales finalizaba «el 31 de mayo del 2011». En esta ocasión el TSJB va más allá y remite al Juzgado de instrucción la documentación correspondiente «a fin de que se puedan depurar y, por tanto, exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder».
Jaume Crespí, ha asegurado que para este lunes ha convocado un pleno para aprobar el contrato de demolición de los dos chalets a fin de acelerar la ejecución de la sentencia hasta sus límites, cuando se cumple un año del inicio de las obras por parte del mismo Ajuntament.
El coste de esta parte de la ejecución será de 522.000 euros, aportados a partes iguales por el Consell, el Ajuntament y el Govern balear.
1 comentario
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El TSJB fa una molt bona feina quan responsabilitza els batles pel que fa a la solució de les irregularitats urbanístiques.