El PP modifica el convenio de la residencia de mayores pese a las protestas

1 de 2 | Gran parte del público protestó en silencio con lemas contra la situación de la residencia. Fotos: LL.GARCIA

2 de 2 | El salón de plenos del Ajuntament de Sóller se lleno de público.

Ll. GarciaSóller14/12/11 0:00

El Pleno de Sóller aprobó ayer, durante una tensa sesión, la modificación del convenio entre el Ajuntament y la empresa Sóller Invest, propietaria de la residencia de Mayores Bell Entorn. Esta modificación del convenio original suscrito en el año 2003 -en el que el Ajuntament puso a disposición de Sóller Invest los terrenos de la residencia a cambio de reservarse un número máximo de 70 plazas asistenciales, 40 de la cuales fueron asumidas posteriormente pero el Govern a través de la Ley de Dependencia- ha venido motivada por la deuda elevada contraída con el geriátrico y se traducirá en que a partir de enero los Servicios Sociales municipales solamente asumirán costes de un máximo de 10 plazas (hasta ahora eran 30) y además éstas estarán estrictamente limitadas a los usuarios sin familiares ni bienes, a criterio de los técnicos municipales.

Durante el Pleno, la oposición intentó que se modificara el acuerdo en el sentido de no limitar en número de plazas, aunque se mostró de acuerdo en que los criterios de admisión se ajustaran a las posibilidades reales de los beneficiarios del servicio.

En una sala repleta de público -entre ellos familiares de residentes y miembros del colectivo Albaïna, que el pasado sábado lideró la cacerolada contra esta modificación- Catalina Esteva (Progresistes) lamentó que «un acuerdo tan importante se haya adoptado por parte del equipo de gobierno sin ningún expediente, ni informes» y recordó que «si las plazas quedan en manos de la empresa, podrá sacar a los residentes que no puedan pagar, mientras que con el convenio vigente no es así, ya que existe el amparo municipal».

Revisión

El PP defendió la modificación asegurando que las condiciones se revisarán cada dos años y que se abrirá una línea de ayudas «para que nadie que necesite del servicio se quede fuera».

El alcalde, Carlos Simarro, dijo que «se trata de una solución para que el geriátrico no cierre y se ocasione un problema mayor».

Por su parte el portavoz del PP, Miquel Bestard acusó al anterior equipo de gobierno de haber acumulado la deuda que ha conducido a la situación asegurando que «cuando el 2007 dejamos el Ajuntament el pendiente con la residencia era de cero euros y ahora es de más de dos millones».

Durante la votación gran parte del público protestó con carteles con los lemas «No a la privatización de la residencia» y «el Ajuntament contrata corruptos y despide ancianos».

La modificación se aprobó con los votos a favor del PP, los contrarios de Progesistes y PSOE y la abstención de Entesa.