La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) acaba de sentenciar que la multa impuesta por el Ajuntament de Santanyí a Gravera Sa Creu SL por carecer de los permisos pertinentes para desarrollar la actividad extractiva -que a la postre pudo ocasionar el desplome del camino que conduce al santuario de Consolació- vulnera el principio de proporcionalidad, al tiempo que afirma que no encuentra «ningún tipo de motivación» para sancionar a la empresa con el grado máximo de 60.000 euros establecido para las infracciones administrativas de carácter grave.
De esta manera, el tribunal presidido por el magistrado Gabriel Fiol Gomila considera que el importe mínimo estipulado para este tipo de faltas es suficiente y obliga al Consistorio que preside el alcalde Miquel Vidal (PP) a reducir en casi tres cuartas partes el importe de la caución. «Sustituimos la (sanción) impuesta de 60.000 euros por otra de 17.500», reza el fallo del tribunal.
No obstante, la misma sentencia reconoce que la extracción de grava que se estaba llevando a cabo en la cantera situada bajo el camino del santuario de Constitució «era de gran envergadura y se encontraba al margen de la ley». Asimismo, el tribunal también admite que el Ajuntament de Santanyí sí era competente para emprender las acciones administrativas que desembocaron en la imposición de la multa, cuyo montante, a la postre, el mismo tribunal ha considerado desproporcionado.
La 'guerra judicial' que enfrenta al Consistorio santanyiner y a la sociedad Gravera Sa Creu S.L. -propiedad de la familia del portavoz de Convergència per les Illes (CxI) en el municipio- se remonta al otoño de 2007, cuando la actividad extractora llevada a cabo en la cantera de grava, junto con las precipitaciones caídas en esas fechas, pudieron ocasionar el desplome del vial. El accidente obligó al Ajuntament a tomar cartas en el asunto y a abrir las diligencias preceptivas que provocaron la imposición de una multa por carecer la gravera de los permisos y autoridades pertinentes.
Sin embargo, los propietarios de la cantera sostienen que en el proceso sancionador se han visto mezclados componentes de «persecución política».
3 comentarios
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Hi ha un problema d'extracció de graves però hi ha també un seriós problema de tractament i de reciclatge, com es pot verificar a les voreres de l'autovia Palma-Manacor amb monticles esgarrifossos i molt agressius pel paisatge, abandonats per les empresses que ja no saben fer net, en acbar la feina.
Los daños ocasionados al camino son del orden de 500.000 euros por lo menos.Si esto es "Justicia" qué venga Dios y lo vea.Laus Deo.
Que el puñetero camino lo arregle el Obispado que para algo tienen un chiringuito en la cima. ¡No con mis impuestos!