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El Govern se enfrenta al pago de una indemnización millonaria a las empresas que ejecutaron las obras del tren de Llevant. El próximo 5 de octubre se cumple el plazo legal desde que se decretó oficialmente la suspensión de los trabajos y se abre la posibilidad de que las empresas concesionarias soliciten la resolución del contrato y, con ella, el pago del lucro cesante que, en el caso de esta infraestructura, puede ascender a 2,8 millones de euros.

Desde la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori se está en conversaciones con las empresas para buscar una solución que evite el pago de esta indemnización, pero no hay una resolución definitiva hasta que no se sepa cuál es el destino final del trazado de las obras, si finalmente se construye un corredor verde o se opta por otra solución.

Pago a proveedores

Al margen de que se concrete la petición de la indemnización, el Govern ha tenido que asumir el pago directo de 90 millones de euros a las empresas encargadas de ejecutar las obras de construcción de la línea ferroviaria. El departamento que dirige Gabriel Company no ha cobrado esta cantidad del Ministerio, pero los contratistas se acogieron al plan de pago a los proveedores, por lo que el Ejecutivo ya ha desembolsado estos 90 millones de euros en facturas pendientes.

En la Conselleria d'Agricultura insisten en que existen serias dudas de que el Ministerio de Fomento abone estas cantidades ya pagadas porque los términos en los que se firmó el convenio en su día no están claros.

Precisamente la letra pequeña de este acuerdo ha provocado un fuerte enfrentamiento entre los responsables de la Conselleria y representantes del PSM-IV-ExM, a cuyo mando se firmó el acuerdo y se iniciaron las obras. Desde que se suspendieron las obras, los representantes del partido nacionalistas han reiterado que el convenio estaba vigente, pero que el Govern no tenía voluntad política de continuar las obras.