Imagen de los 68 apartamentos de ses Covetes vistos desde la parte posterior. | Assumpta Bassa

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El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dio ayer otro varapalo al Ajuntament de Campos y a la empresa Marina Ernst, propietaria de los terrenos de ses Covetes en los que se levantan los 68 apartamentos ilegales.

En la última resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB sobre la demolición de los apartamentos de ses Covetes, se desestiman los dos recursos presentados por el Ajuntament de Campos y la promotora, imponiéndoles a ambos las costas de los mismos.

En estos dos recursos presentados contra el auto dictado el pasado 28 de noviembre, ambas partes señalaban la imposibilidad de cumplir los plazos marcados en dicho auto en los que se señala todo un calendario para proceder a la demolición de los apartamentos. La primera de estas fechas se cumple el próximo 15 de enero en la que el Ajuntament tienen que presentar el proyecto de demolición para luego el 15 de marzo iniciar las tareas de derribo y finalizarlas el 15 de mayo.

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En esta última resolución, el TSJB también recrimina al Ajuntament de Campos por su «indomable pasividad mostrada desde 2009». Otra de las afirmaciones realizada por el tribunal referente al Ajuntament señala que «ahora mismo, (el Ajuntament) no es ni tiene otro papel que el de autor material del acto ilegal y responsable por ello de la restitución de las cosas a su estado natural anterior».

Y es que, según el TSJB el Ajuntament de Campos, «trata de hacernos creer, o ver» que sus coincidencias con Marina Ernst son las mismas, «aludiendo que en el juicio ambos ocupaban la misma posición», pero el tribunal señala que estas coincidencias, una vez finalizado el juicio que obliga a la demolición de los apartamentos, «lo más razonable sería que las posiciones se hubieran distanciado notablemente puesto que ahora el Ajuntament ocupa el puesto de autor material del acto ilegal», mientras que la promotora ahora «debería aparecer ante nosotros como la primera perjudicada por el acto municipal ilegal».

Así, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, una vez más, señalan al Ajuntament de Campos que no hay otro camino que no pase por la demolición.