El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavía (PP) recurrió ayer formalmente la multa de 100 euros diarios que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia por no derribar una vivienda que una particular construyó con licencia en 1991. El Supremo dio la razón a un vecino próximo a la vivienda que denunció que el edificio le tapaba las vistas y ordenó la demolición de la primera planta.
El alcalde, Bartomeu Cifre Ochogavía, advirtió ayer de que las obras molestas (entre las que se incluyen los trabajos de demolición) están prohibidas en la zona peatonal de Pollença entre el 1 de mayo y el 30 de octubre, coincidiendo con la temporada alta turística, por lo que ejecutar ahora el derribo que le exige el juez en la calle Creus, iría contra la normativa municipal. No alude sin embargo a esta cuestión en el recurso presentado ante el juez por el Ajuntament de Pollença que se centra en demostrar que no ha habido «pasividad» a la hora de ejecutar la sentencia dado que «el Ajuntament ya ha decretado la tramitación urgente del procedimiento de contratación de las obras de demolición de la vivienda» y ha dotado la pertinente partida presupuestaria para hacer frente al coste de las obras de demolición».
Desproporción
El recurso de reposición y subsidiario de súplica muestra también su disconformidad con el importe de la sanción notificada al alcalde al entender que es «desproporcionada» porque puede llegar a suponer un total de 3.000 euros mensuales. El alcalde tiene un salario bruto anual de 40.805,24 euros, incluidas las pagas extras, lo que supone una retribución mensual proporcional (12 meses) de 3.400,43 euros.
3 comentarios
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Pues si,mala o muy mala memoria tiene este Alcalde. Ahora alega que incupliria la ordenanza Municipal pero no pasaba nada cuando un allegado suyo hacia lo propio en eu Moll, hace unos años,con 67 denuncias sin que esas obras en primera linea y pleno verano se paralizaran. Poca memoria o poca vergüenza?.......arrieros somos......
Senyor "siempre lo mismo con el pp". No soc d'aquest partit ni ho seré mai. Primer de tot li voldria demanar que respecti la feina peridística d'aquesta excel.lent professional i deixi de mirar les coses des d'aquest prisma partidista que no du res de bo. Si vostè deixés els prejudicis a banda, veuria que tot i que no és una qüestió de partit això va passar amb un batle del Psoe. Aquest és del PP però més enllà del que puguin fer alguns batles del mateix partit, les causes judicials es dirimeixen una a una i alguna vegada, poques, no són d'allò més encertades i aquesta és una d'elles. L'actual batle està pagant els plats romputs dels altres, ara aposta per complir les ordenandes municipals que els tribunals no han tengut en compte. Ho hauran de revisar. Molt be senyor Cifre, i repetesc que no soc del PP.
La reportera que subscribe el artículo parece ser la portavoz official de los alcaldes del PP de la Part Forana, siempre redactando a su favor. ¿Como se puede justificar el querer ampararse ahora en la ordenanza municipal cuando la licencia de obras es de 1991? Ya han pasado muchos años desde que la sentencia es firme y tiempo de sobra ha habido para demoler lo ilegal. Estos alcaldes, como el "ex" de Mancor de la Vall, que se ha ido sin ejecutar varias de estas sentencias, solo dan "el grito al cielo" cuando les tocan su bolsillo particular.