Después de más de 15 años de litigios judiciales, finalmente ayer se empezó a desmontar la gran estructura de hierro construida entre la calle Poetessa Francisca Alcover y la carretera del Desviament de Sóller. Finalmente, tal y como ya se anunció, ha sido el Ajuntament el que se ha hecho cargo de ejecutar una sentencia que daba a los promotores de esta obra hasta el 31 de julio para iniciar la sobras. Aunque éstas no se iniciaron en el término establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), se llegó paralelamente a un acuerdo entre el Ajuntament y la propiedad.
Así, el Ajuntament recuperará unos 470.000 euros que el promotor había cobrado antes del Consistorio para proceder a la demolición y para devolver a su estado anterior la construcción anexa. Hay que destacar que esta cantidad es solamente la mitad de la que a lo largo de este proceso ha percibido el promotor, ya que también cobró cerca de 500.000 euros más en concepto de indemnización -por una licencia de obra mal concedida- más unos intereses de demora.
A cambio de la devolución de los 470.000 euros, el Ajuntament se comprometió a «subsanar un error» en el Plan General de Ordenación Urbana de 1998, lo que permitirá ahora al promotor conservar en su estado actual la casa en la que se ubica la estructura.
Ayer por la mañana, una empresa de herrería inició las operaciones de desmontaje de los hierros. Las operaciones continuarán esta mañana con la ayuda de una gran grúa para deshacer las vigas de más tamaño. Esta operaciones han sido adjudicadas por el Ajuntament a dos empresas por un importe total de 25.000 euros. Según el concejal de Obras y Urbanismo, Gabriel Darder, «una vez desmontada la estructura de hierro los material se dejarán unos días en el mismo solar para que su propietario los retire». En caso de que no lo haga, el Ajuntament los quitará y los venderá como chatarra.
De momento, esta zona recuperará la normalidad, aunque esto haya supuesto al final un importante coste para las arcas municipales, ya que el litigio arrancó a partir de un error técnico imputable al Consistorio.
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