A finales de 2011 el Consistorio manacorí firmó un protocolo general con el Govern y con el Consell en el que se acordaba abonar 330.000 euros por institución para sufragar, a partes iguales, el millón de euros que costaron las obras de demolición del puente para acatar la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Balears. Ahora el Govern ha cumplido con su compromiso de ayudar en el financiamiento de la restitución de la zona afectada y ha aprobado tramitar su parte de la subvención.
Las obras de construcción del puente acabaron en 2004. Un total de 17 propietarios afectados por la construcción interpusieron un recurso. El Tribunal obligó al Ajuntament a restablecer la situación anterior a la construcción del puente.
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