Hasta ahora aquellas parejas que querían casarse en el Ajuntament debían abonar una tasa de 100 euros sobre la que se aplicaba un descuento del cien por cien si uno de los miembros de la pareja era residente en el municipio. Así, en la práctica solo los foráneos pagaban al casarse por lo civil en el Ajuntament y el coste del servicio era de 100 euros.
La nueva tasa (aprobada inicialmente en el último pleno municipal) es de 200 euros y sobre ella se aplica una bonificación de un cincuenta por ciento en el caso de que uno de los miembros de la pareja sea residente.
Aunque el alcalde o concejal encargado de oficiar la boda civil no cobra específicamente por ello el equipo de gobierno municipal (PP-Pi) entiende que conviene aprobar una tasa que cubra el coste del trabajo administrativo y otros gastos que genera este servicio.
La nueva legislación permite ahora que, si lo solicitan, las parejas puedan casarse no solo en la Casa Consistorial sino en cualquiera de las dependencias municipales por lo que el alcalde, Bartomeu Cifre Ochogavía, explica que «ahora, con más razón, creemos que es conveniente repercutir el coste del servicio».
Cifre Ochogavía explica que «de momento no hemos tenido solicitudes para casarse en el Claustre o en Can Llobera, por ejemplo, pero si así lo solicitan la nueva ley lo contempla».
En ese sentido el alcalde explicó esta semana que se prevé que el casal de Can Llobera vuelva a abrir sus puertas al público en un plazo aproximado de cuatro meses una vez hayan concluido las obras de reforma que se ejecutan en el edificio con la idea de sustituir su cubierta y frenar así los daños que las filtraciones de agua y la falta de mantenimiento generaban en el inmueble.
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