En el transcurso de la jornada convocada ayer por ABTU para analizar la nueva legislación que entrará en vigor el próximo mes de febrero, su presidente, el abogado Juan Alemany, aseguró que, pese a las dificultades que pueda generar a las administraciones locales, la ley «es positiva porque elimina trabas burocráticas, facilitando el inicio de una actividad económica, un hecho relevante en una situación como la actual».
Según destacó Alemany, la nueva ley parte del principio de «buena fe» entre los ciudadanos y la administración, insistiendo en que «es bueno que la autorización previa quede justo para casos más complicados que pueda ocasionar perjuicios económicos o riesgos en la seguridad de las personas o de los bienes». Las licencias de obra y actividad, recordó el presidente de ABTU, son actos reglados y, por tanto, el técnico que redacta el proyecto conoce perfectamente las reglas que se han de seguir, «de manera que la autorización previa se puede considerar un sobrecontrol y está bien que, en general, se elimine». «Por eso», añadió Alemany, «se ha de valorar de forma positiva que, a partir de ahora, para las actividades de repercusión menor con cierto tipo de obras y para las actividades inocuas, baste con la comunicación de una declaración responsable por parte del titular».
No obstante, cabe apuntar que en los casos de obras importantes o en aquellas actividades que incurran en razones de interés general, sí será necesaria la obtención de un permiso previo.
En la jornada organizada por ABTU celebrada ayer en CaixaFórum, participaron, además de Juan Alemany, el decano del Col.legi d'Enginyers Industrials de Balears, Salvador Fonollà, y los asesores jurídicos de los ayuntamientos de Sant Llorenç, Josep Melià, Andratx, Tomeu Tugores, y Palma, Pedro Torres.
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