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El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia dictada hace casi cuatro años por el Tribunal Superior de Justicia de Balears relativa al vertedero de s'Olivaret, en Alaró. El Supremo confirma que el Ajuntament deberá regenerar y sellar el vertedero según lo establecido en un convenio firmado a mediados de los años 90, por una parte, e indemnizar al vecino que en su día denunció el incumplimiento de ese convenio, por otra. Que el Supremo había desestimado el recurso del Ajuntament lo desveló el alcalde en el pleno del pasado jueves al preguntar sobre esta cuestión Mateu Marcús, concejal de Més.

El alcalde, Joan Simonet (PP), explicó después a los medios que ya ha contactado con el demandante (concretamente con un familiar, puesto que el autor de la demanda falleció) para tratar de buscar «una solución que satisfaga a las dos partes». Dentro de la negociación están el pago de una indemnización de aproximadamente 80.000 euros (incluidos los intereses), el asfaltado del camino de titularidad pública que lleva a la propiedad del demandante y el derribo de una edificación en ruinas que amenaza con desprenderse sobre el camino. Respecto a estos aspectos, el alcalde aseguró que «no hay problema» y avanzó que el Ajuntament tramitará en breve una modificación de crédito (un cambio en el presupuesto municipal) que permita abonar los 80.000 euros mencionados dentro de tres o cuatro semanas.

Restauración

Luego está la parte de la restauración del vertedero, ubicado en una antigua cantera. Simonet recuerda que el convenio establecía que el vertedero debía vaciarse, cribar el contenido y volver a rellenar. Un estudio técnico elaborado en 2010 cifraba en más de once millones de euros el coste de esta operación. El alcalde dijo que sin embargo existen otras opciones «más recomendables medioambientalmente» con un coste muy inferior, y explicó que el Govern está ultimando la redacción de un nuevo proyecto que limitaría a 900.000 euros como máximo los gastos de restaurar el vertedero.

Se prevé que la próxima semana el alcalde se reúna de nuevo con los representantes legales del demandante y que estos se pronuncien sobre el nuevo proyecto. «Queremos satisfacer las aspiraciones de las dos partes», recalcó Simonet.