Delgado, en una comparecencia el año pasado sobre los contratos de Radio Calvià. | Joan Torres

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«Basta la lectura de las conclusiones de los informes para apreciar que están plagadas de suposiciones, prejuicios y sospechas y que incluso denotan una cierta paranoia investigadora». Carlos Delgado sale al paso de la investigación de la Guardia Civil sobre los contratos con Radio Calvià que le coloca al frente de una trama para adjudicar a dedo la emisora por 120.000 euros anuales.

En un escrito registrado ayer, su letrado, Antoni Monserrat, niega cualquier tipo de irregularidad penal en la actuación del exalcalde y de la que fue su jefa de gabinete, Maria José Merino. «Las apreciaciones de los agentes ponen en entredicho las del secretario municipal, del interventor, la de la jefa de contratación y de los funcionarios, cuando menos, lo que implicaría un gran complot permanente», afirma el escrito para destacar que las contrataciones siguieron todos los controles técnicos.

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En algunos puntos, el escrito alude al «sorprendente y preocupante desconocimiento administrativo puesto de manifiesto por los agentes» o señala que: «Provocan desconsuelo las severas y constantes afirmaciones que vierten en su informe implicando en supuestas falsedades al interventor». Sobre el fondo de los contratos, admite que algunas de las pegas puestas por la Guardia Civil pueden responder a errores de tramitación, pero nunca a un plan criminal establecido previamente. También defiende la simultaneidad de algunos de los contratos por la necesidad de no interrumpir las emisiones, a la vez que defiende la existencia de la emisora municipal.

Los informes de la Guardia Civil apuntaban a la existencia de un fraude continuado a lo largo de diez años en las sucesivas adjudicaciones de Radio Calvià y señalaba como autores a Delgado, Merino y a Antonia Pastrana. Los investigadores apuntaban a la existencia de distintas irregularidades en los procedimientos, que entiende que buscaban restringir la concurrencia de otras empresas. Se apoya en una sentencia de lo Contencioso que declaró nulas las claúsulas de la primera de las adjudicaciones.