El alcalde de Inca Rafel Torres. | Juanjo Roig

TW
7

EU de Inca ha criticado el «trato de favor» del alcalde del municipio, Rafel Torres, a determinados empleados del Ajuntament con la concesión de un complemento de 700 euros mensuales a varios de ellos, lamentando que «mientras la mayoría de los trabajadores sufren recortes y ven congelados sus sueldos, un grupo de privilegiados recibirán unos complementos cuantiosos».

En un comunicado, la formación ha aseverado que los dirigentes del PP «parecen cortados todos por el mismo patrón: el de la arbitrariedad, el favoritismo y el desprecio de la legalidad y la justicia», puesto que «desde el inicio de la legislatura, los trabajadores públicos han sufrido despidos, empeoramiento de sus condiciones de trabajo, eliminación de pagas extra y congelaciones salariales».

Una situación que, añade, «no ha afectado a todos por igual» puesto que «un grupo de privilegiados se ha beneficiado de decisiones arbitrarias que han permitido mejorar su situación mientras se castigaba al resto».

En este sentido, desde EU recriminan cómo el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, «premió a su círculo más próximo de empleados públicos, el gabinete de presidencia, con un aumento salarial ilegal, un aumento que aún siguen cobrando a pesar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia».

«Ahora, el alcalde de Inca ha hecho algo muy parecido, tan discriminatorio y tan carente de justificación como la medida de Bauzá», ha manifestado el partido, al decidir adjudicar un complemento de 700 euros mensuales a un grupo de trabajadores municipales «de alto nivel». «Además, este complemento será con carácter retroactivo desde el mes de junio», ha añadido.

Según la formación, se trata de unas retribuciones que no están contempladas en el presupuesto municipal y la justificación (aumento de la carga de trabajo por falta de interventor) ya fue desestimada por el TSJIB en el caso del gabinete de presidencia. «Como decía muy bien la sentencia del Tribunal Superior, el aumento de la carga de trabajo se ha producido en el conjunto del personal de las administraciones por la reducción de personal», asevera.

En este contexto, EU considera «un escarnio» esta medida para los trabajadores públicos que «tienen los salarios más reducidos y muchas dificultades para llegar a fin de más», por lo que ha exigido la revocación del decreto de alcaldía y la finalización de la «arbitrariedad, la discriminación y el trato de favor hacia un sector de los trabajadores públicos. Todos ellos deben disfrutar de los mismos derechos y las mismas condiciones», ha sentenciado.