El Juzgado de lo Penal número 6 de Palma juzga desde este martes al alcalde de Lloseta, Bernat Coll, y a otros tres miembros del Consistorio municipal, acusados de cinco delitos de prevaricación cometidos a través la concesión presuntamente irregular de distintas licencias, y por cada uno de los cuales la Fiscalía reclama una pena de siete años de inhabilitación.
En concreto, los hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2008, durante los cuales Bernat Coll ya era primer edil mientras que Pere Joan Martorell -exdirector general de Cultura del Govern durante la pasada legislatura-, Juan Coll y María Alemany eran regidores en el Ayuntamiento.
Tal y como relata el Ministerio Público, el 29 de octubre de 2004 los inculpados aprobaron en Junta de Gobierno ceder a la mercantil Fona Artists SL la gestión y producción musical del teatro municipal hasta 2011, por 60.000 euros anuales, lo que contemplaba la realización de 20 representaciones y el pago por parte del Consistorio de las cuotas del préstamo que la entidad debía contratar para llevar a cabo las mejoras necesarias en el recinto teatral.
No obstante, sostiene la Fiscalía en su escrito de calificación, el convenio entre ambas partes se suscribió sin la preceptiva licitación pública exigida por Ley y con conocimiento de que el secretario municipal había emitido informe desfavorable «al no haberse seguido los trámites legales oportunos y constituir la satisfacción de las cuotas bancarias un endeudamiento encubierto» del Ayuntamiento. El importe sufragado ascendió a un total de 420.999 euros públicos.
Mientras tanto, el 10 de diciembre de ese año los acusados, pese a ser conocedores de otro informe desfavorable del secretario, acordaron facultar al alcalde para otorgar escritura pública por la que se vendían dos solares propiedad del Ayuntamiento a Construcciones Comas, a cambio de la realización por ésta de un centro de día con dos plantas y un tanatorio municipal, revirtiéndose la operación a finales de 2007.
La acusación pública destaca asimismo cómo el 22 de abril de 2005, los inculpados acordaron, por unanimidad, la concesión de una licencia urbanística para la construcción de una vivienda pese a contar, también, con el informe desfavorable del arquitecto municipal y del secretario por no cumplirse la normativa urbanística en torno a las dimensiones de la fachada.
Otro de los episodios narrados por la Fiscalía tuvo lugar el 3 de noviembre de 2006, cuando los altos cargos acordaron otorgar otra licencia para construir viviendas, garajes y piscinas a la empresa Lloseta Inversiones S.XXI, que también contaba con informe desfavorable. Finalmente, el 9 de marzo de 2007 decidieron por unanimidad y sin contar con el visto bueno de arquitecto y secretario, la concesión de una licencia para el impulso de un proyecto de telecomunicaciones en los anteriores inmuebles.
1 comentario
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?A que partido político pertenecian dichos personajes¿ Porque el boletín oficial del P.S.O.E. U.H. no hace referencia. Gracias.