El fiscal ha pedido este martes una condena de 2 años de prisión y una responsabilidad civil de 16,8 millones para el promotor de 189 viviendas unifamiliares inacabadas en el proyecto urbanístico Cala Romántica, en Manacor, por un delito de insolvencia punible.
En la última jornada del juicio, celebrado en la Audiencia de Palma, el fiscal, que cree que el constructor quebró la promotora al trasvasar más de 10 millones a otras empresas de su propiedad, ha explicado que la rebaja de la petición de pena respecto a los 5 años de prisión que reclamaba en su escrito de acusación inicial, se debe a la obligatoriedad de aplicar el nuevo Código Penal.
Anteriormente la insolvencia punible contemplaba penas de 2 a 6 años y el actual Código Penal implica condenas de 6 meses a 3 años.
La acusación particular, en representación de una de las empresas de construcción que trabajó en la obra y que es acreedor de parte de la deuda dejada por la promotora, ha pedido 3 años de cárcel.
El acusador público ha señalado que durante el juicio ha quedado patente que la contabilidad de la promotora era «una vergüenza y un dislate», algo que ha reprochado al administrador único tanto de dicha constructora como de las otras sociedades a las que realizó trasvases patrimoniales.
El fiscal pide una responsabilidad civil de 16,8 millones, la cifra que la promotora recibió del préstamo que le había concedido una entidad financiera para llevar a cabo la promoción inacabada.
La abogado defensor ha pedido la libre absolución del promotor, al entender que los movimientos de dinero hacia las sociedades fueron en pago por trabajos y materiales de construcción.
La promotora nunca llegó a terminar las viviendas e incurrió en impago de sus deudas por lo que se inició contra ella procedimiento de concurso de acreedores.
El acusado declaró por vídeoconferencia ante el tribunal y defendió que la promoción se ejecutó hasta «entre el 95 y el 96 %, con casas con puertas, ventanas, sanitarios y hasta muebles de cocina».
Criticó que la entidad bancaria dejara de aportar fondos del préstamo, lo que llevó a la paralización de la obra y que posteriormente, al ejecutar la hipoteca, se quedara las viviendas «por 16 millones de euros cuando el valor del mercado era bastante más del doble» y lo construido se había valorado en 23,3 millones en una tasación de junio de 2008, de un total previsto en 25,7 si se hubiera terminado la obra.
Dos de los administradores concursales explicaron que la promotora «operaba a salto de mata», que su contabilidad era «un pegote» y que carecía de control interno.
Añadieron que todas las sociedades de las que el promotor era administrador funcionaban con una caja única y se producían trasvases no justificados y sin facturas.
4 comentarios
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Que los tiren abajo y recuperen el territorio, plantan unos Pinos, encinas y matorrales autóctonos y la zona queda de 10!
tendria que retirarlosa todo si ahi no se puede dejas asi la cosa que lo derrumbe todo
No estic en contra del nom "Cala Romá(à)ntica",més mercadotècnic, emperò crec que el topònim oficial es "S'Estany d'en Mas".
¿Y para los responsables políticos que lo permitieron? ... ¿que eran PPeperos, no?...