El carril bici de la bahía de Alcúdia debía finalizar en Can Picafort o Son Real. | M. Poquet

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Diferentes razones atribuibles todas a la Administración pública han retrasado la ejecución de algunas de las inversiones previstas con el dinero que se recaudó con la regularización de plazas hoteleras no reconocidas. El caso más llamativo es probablemente el del carril bici que debe unir el Port de Alcúdia y Can Picafort, que debía estar operativo el próximo verano como máximo y cuyas obras aun no se han licitado. Este retraso ha suscitado quejas por parte de los consistorios en los que debían llevarse a cabo y de algunos empresarios a título personal.

El anterior Govern –del PP– anunció en 2014 la realización de cerca de 30 inversiones en zonas turísticas por valor de diecisiete millones de euros. Dichos proyectos debía llevarlos a cabo el llamado Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos, dependiente de la Conselleria de Turisme. El calendario de ejecución fijado por el anterior Govern preveía que catorce de estas inversiones se licitaran en 2014, mientras que para el 2015 se reservaban otros trece proyectos. De los catorce primeros hay algunos proyectos ya acabados, como la demolición del hotel Rocamar; otros en fase de ejecución, como la peatonalización de la primera línea del Port de Pollença, y otros cuatro pendientes de sacar a concurso: el carril bici de la bahía de Alcúdia, unas obras de urbanización en la Colònia de Sant Jordi, otras en la Platja de Palma y unas instalaciones deportivas en ses Salines.

En cuanto a las trece inversiones que debían licitarse este 2015, todavía no ha salido ninguna a concurso. Estas se licitarán previsiblemente en el transcurso de 2016. Antoni Sansó, vicepresidente del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos, señaló que uno de los motivos del retraso es el hecho de que el Govern asumiera la licitación de todos los proyectos, excluyendo a los ayuntamientos. Además, en un principio había pocos trabajadores en Turisme, escasez que ya se ha corregido.

Sansó señala asimismo como causa de la demora la falta de diligencia de los ayuntamientos en aportar documentación para tramitar los proyectos.

Otra razón son las ordenanzas que regulan la actividad en zonas turísticas, que prohíben hacer obras en temporada alta y las limitan al invierno.

Algunos ayuntamientos, como el de Capdepera o el de Santa Margalida, han lamentado el retraso. También algunos empresarios turísticos a nivel particular, los cuales critican que el Govern disponga de un dinero «parado, sin correr».