Imagen de archivo de uno de las protestas por la intención del anterior equipo de gobierno (PP) de Inca de privatizar el agua. | Antoni Pol

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El Ajuntament de Inca ha informado de que el Juzgado de lo Contencioso / Administrativo número 3 de Palma ha decidido desestimar el recurso interpuesto por Gestión de Aguas de Inca SLU contra el acuerdo de Pleno de 28 de febrero de 2014, mediante el cual el Ajuntament renunció a la celebración del contrato de concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluviales del municipio.

Esta sentencia ha sido hecha pública por los miembros del equipo de gobierno, Virgilio Moreno, alcalde de Inca, Antoni Rodríguez, teniente alcalde de Cultura, Àngel Garcia, teniente alcalde de Hacienda y Gori Ferrà, teniente alcalde de Deportes. «Hoy es un día muy importante para Inca; es importante para el presente, pero también para el futuro porque con esta sentencia se reconoce que el agua continuará como bien público», declaró Moreno.

Indican que con la sentencia, el Tribunal «reconoce que los acuerdos que se adoptaron en el año 2014 no infringen el ordenamiento jurídico. Sin embargo, todavía se puede presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Balears. «Aunque existe la posibilidad de este recurso los técnicos municipales nos han confirmado que esta acción puede tener poco recorrido, ya que hay jurisprudencia que avala los argumentos de la actual sentencia», explicó Garcia. De esta manera, el Consistorio podrá prever inversiones en la red de agua «con la certeza de que, con disponibilidad económica, se podrán llevar a cabo».

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Recuerdan que en la presentación de los presupuestos municipales se anunció que una gran parte del dinero proveniente del superávit se podrá dedicar a los proyectos de mejora de la red de agua. Para el actual equipo de gobierno se trata de «un tema grave para la ciudad y, además, este año empeora debido a la sequía».

Fuentes municipales exponen que en abril de 2013 el Pleno del Ajuntament de Inca acordó incoar expediente de contratación para la concesión de la gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Pluviales de Inca, «ya que el equipo de gobierno de entonces (PP) consideró que esta modalidad de gestión era más favorable a los intereses municipales por diversos motivos».

Tras la tramitación del expediente en fecha 23 de diciembre de 2013 se presentó a Pleno la propuesta de adjudicación del contrato. «La insuficiencia de los recursos municipales para llevarla a cabo, habían quedado en entredicho el día 21 de diciembre de 2013, dos días antes del Pleno, cuando se publicó la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público que permite destinar el superávit financiero de las entidades locales a inversiones sostenibles». Así se llegó al Pleno de febrero de 2014 donde se acordó por unanimidad aprobar la propuesta conjunta de todos los grupos municipales para renunciar al expediente de contratación del servicio de agua potable.

Por otra parte, durante la presentación de este sentencia, los grupos que en la pasada legislatura estaban en la oposición (PSOE, MÉS per Inca e Independents d'Inca) recordaron la campaña de recogida de firmas en contra de la privatización y el encierro de los concejales en la sala de plenos del Ajuntament como protesta por la situación, hasta que se logró detener el proceso de privatización.