Los afectados pueden ir al Ajuntament a visitar los técnicos para las alegaciones.

TW
4

Unos 1.800 inmuebles ubicados en suelo rústico y urbano se han visto afectados por la regularización del catastro ligada a la lucha contra el fraude puesta en marcha en 2013 por la Dirección General del Catastro. Es un procedimiento que ha generado cierta preocupación entre los vecinos de la localidad.

Se trata de una actualización del catastro, no de una revisión, a partir de una inspección realizada que ha traído como consecuencia la apertura de estos 1.800 expedientes. El procedimiento afecta a las viviendas que han llevado a cabo alguna obra de reforma, rehabilitación o ampliación a partir de 2004. Asimismo afecta a construcciones de uso agrícola que, a partir de ahora, estarán sujetas al pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Como consecuencia de esta regularización, los inmuebles verán incrementado el valor del recibo del IBI. El Ajuntament apunta que «la medida tiene un efecto retroactivo de 4 años».

El alcalde Bartomeu Gili manifestaba este jueves que «en el caso de algunas instalaciones agrarias no hay retroacción y se empezará a pagar a partir de este año».

Gili explicaba que «hay cierta preocupación en Artà, por lo que el Ajuntament ha puesto a disposición de los afectados todos los miércoles un técnico municipal que les ayudará a hacer las alegaciones». Asimismo manifestaba que no todos los casos son iguales. «La lucha contra el fraude nos parece muy bien pero el problema es que se han tomado algunos documentos de obra menor y se puede dar casos como que, por cambiar las baldosas, suba la valoración de la casa. Hemos pedido una reunión con la agencia para tratar esta problemática».