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La Fiscalía ha acordado mantener su petición de seis años de cárcel para una funcionaria de Artà por presuntamente apropiarse, entre 2007 y 2011, de hasta 65.080 euros de las multas que imponía el Ajuntament en materia urbanística, una cantidad que el Consistori, personado como acusación particular, estima en unos 33.000 euros.

En su declaración durante la vista oral, que ha concluido este miércoles, la encausada aseguró tajante que no se quedó «con ninguna cantidad. Para mí estaba todo bien, pero lo que se ve algo falta. Tenía muchísimo trabajo y a lo mejor no presté la atención que debía». No obstante, ha incidido entre lágrimas en que no se apropió de ningún importe.

La funcionaria, auxiliar administrativa, era la encargada de tramitar los expedientes de infracción urbanística y entre sus funciones se encontraba la de cobrar los importes de las multas impuestas. Tras ello, la acusada debía ingresar el dinero en el banco, en la cuenta corriente del Consistori.

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La inculpada manifestó que «trabajaba a salto de mata» y que a veces llevaba «un volumen tan grande de trabajo que guardaba el dinero en el cajón» y ordenaba a un compañero que «lo ingresara». En esta línea, insistió en que, entre otros numerosos asuntos, se encargaba de los contenciosos del Ajuntament, la agenda de los técnicos y de estar pendiente de las ordenanzas municipales.

En cuanto a la dinámica del cobro de las sanciones, explicó que se le ofrecía al interesado ingresar el dinero al banco o pagar en metálico. Una vez ella recibía el importe, lo llevaba al área de intervención, si bien desde el año 2007 comenzó a ingresarlo directamente en el banco.

Finalmente, la abogada que representa al Ajuntament d'Artà reprochó que «la conducta de esta persona fue muy desleal», a pesar de tratarse de alguien «técnicamente muy competente que accedió por oposición. Sólo pedimos el dinero que está acreditado que se cobró y que no ha sido repuesto».