Las obras de la segunda fase de la ronda se inauguraron en el año 2006. | Maria Nadal

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El Ajuntament de sa Pobla ha pedido ayuda tanto al Consell de Mallorca como al Govern balear para poder hacer frente al pago de 4 millones de euros que reclaman cinco propietarios de los terrenos afectados por la segunda fase de la ronda tras no estar de acuerdo con el precio de expropiación fijado y que era de 18 euros el metro cuadrado. Las obras de este tramo de ronda se inauguraron en el año 2006.

Después de más de diez años de litigios judiciales, una sentencia obliga al Ajuntament a hacer frente al pago a pesar de que la institución local no fue la impulsora de la obras. Aún así, y después de más de un año de negociación con los afectados, el Consistorio ha llegado a un acuerdo para realizar el pago fraccionado de la deuda y ha habilitado una partida de 809.000 euros para efectuar el primer pago.

Paralelamente a las negociaciones con los particulares, tanto el alcalde Biel Ferragut como el regidor de Hacienda de sa Pobla, Joan Pérez, han acudido al Consell y al Govern para solicitar ayuda a las instituciones supramunicipales y hacer frente al pago total de la deuda. El Ajuntament no puede asumir el pago en solitario. Aunque aún no hay un acuerdo firme, parece que Consell y Govern están dispuestos a implicarse en el pago que implique a las tres instituciones.

Los terrenos afectados corresponden a la segunda fase de la ronda que se construyó para mejorar los problemas de tráfico del pueblo y que enlazó la rotonda del cementerio con la carretera de Muro. Estas obras fueron ejecutadas por el Govern balear, aunque años después esta institución cedió las competencias de Carreteras al Consell de Mallorca. Aún así, los propietarios reclaman el dinero al Ajuntament porque fue la administración local la que tramitó las expropiaciones, aunque no es titular de la obra.

Ante esta situación y la delicada situación económica de las arcas municipales, los gobernantes locales han acudido al Consell y al Govern para solicitar ayuda en reiteradas ocasiones durante esta legislatura. Cabe decir que de la partida de 809.000 habilitada este año, solo 537.000 euros corresponden a parte de la deuda por los terrenos, el resto (272.000 euros) son intereses de demora.