El alcalde de Maria, cazadores y agricultores se reunieron con Armengol y Vidal. | Redacción Part Forana

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El desacuerdo entre agricultores, cazadores y propietarios de fincas del Pla de Mallorca y el Govern por la implantación de las nuevas Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) sigue en pie.

La reunión del alcalde de Maria, l'Associació Balear Defensora del Món Rural, la sociedad de Caçadors de Maria y Vilafranca, con la presidenta del Govern, Francina Armengol y el conseller Vidal, para tratar sobre el tema, fue muy cordial pero cada parte, a día de hoy, sigue manteniendo su postura.

Desde l'Associació Balear de Defensa del Mon Rural, su presidente, Bartomeu Bergas, explicó a Ultima Hora que «nos han atendido muy amablemente y durante una hora y media hemos planteado nuestros temores. Nosotros seguimos rechazando las ZEPA y seguiremos mostrando nuestra oposición. Ya tenemos más de 3.000 firmas recogidas». Bergas expuso que «hemos dejado claro que se trata de una servidumbre de los propietarios y agricultores que no nos traerá beneficios. Hemos explicado que nosotros hace muchos años que estamos trabajando y no ha ido tan mal por lo que se refiere a la protección de las aves». Asimismo Bergas dijo que el conseller de Agricultura se comprometió a ampliar el periodo de alegaciones. «Hemos invitado a la presidenta y al conseller a venir a visitar nuestras tierras», apuntó.

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Por su parte, desde el Govern defienden esta declaración en el sentido de que «no comporta limitaciones de los usos tradiciones y son compatibles tanto la caza como la agricultura». Desde Medi Ambient desmintieron que en esta zona «no se pueda segar, ni quemar estos vegetales, ni hacer tratamientos fitosanitarios».

El Govern anunció que «la elaboración de los planes de gestión que fijarán los usos permitidos en las ZEPA queda abierta a la participación de ayuntamientos, asociaciones, entidades y organizaciones afectadas por esta declaración».

Desde el anuncio de la implantación de estas zonas, sobretodo en el Pla de Mallorca, se levantaron voces en contra por parte de cazadores, propietarios de fincas o payeses que mostraron su malestar ante la falta de presentación de un plan de gestión. Por ello se pidió audiencia al Govern.

El conseller también insistió en que, por lo que respeta a urbanismo, «la declaración de zona protegidas no interferirá en ningún caso sobre la normativa urbanística existente, ya que se trata de una figura ambiental y no urbanística».