La Audiencia desestima el recurso porque interpreta que la única normativa válida era la de la Comunidad Autónoma, que establecía una única tarifa, y que los informes aportados son contradictorios y no han dado lugar a que el Consell de Mallorca dictara una resolución expresa.
«Para el Ayuntamiento es una buena noticia, pensamos que era contradictorio que si el Consell no cambia la tarifa nosotros lo hayamos de aplicar a los contribuyentes. Entonces se hubiera generado un desfase. Además el Ayuntamiento de Sant Llorenç gestiona la depuradora, cosa que no hacen otros municipios, y esto no tiene que ser un motivo de penalización», ha señalado el alcalde, Mateu Puigròs.
El 22 de junio de 2009 Tirme recibió una comunicación del director insular de Gestión de Residuos, por lo cual se le comunica que, en aplicación de la normativa del Plano Director, tenía que proceder a facturar a los ayuntamientos y a las empresas públicas de titularidad municipal el servicio de tratamiento de barros y lodos provenientes de estaciones depuradoras al precio de tarifa que sea aplicable para el año 2010.
En octubre Tirme recibió una nueva comunicación del director insular en la cual se informa de las dificultades que supone la aplicación de una tarifa única para el servicio de tratamiento de residuos sólidos y de barros y de la conveniencia de aprobar una tarifa diferenciada.
El 30 de noviembre de 2012 entró en vigor la Ley del Parlament de Medidas de Activación Económica, en la que establecía la obligación del Consell de Mallorca de aplicar una tarifa específica para el tratamiento de lodos, diferenciada de la tarifa general de residuos sólidos. La tarifación diferenciada empezó a aplicarse a partir de febrero de 2014.
Tirme reclamó una compensación por el tratamiento de lodos durante el periodo de transición, el tiempo que solo había una tarifa única. Durante este periodo, calcularon que se depositaron 3.615,73 toneladas de barros y, según la tarifa única de 131,50 euros por tonelada vigente en este periodo y aplicando un 10 por ciento de IVA, esto supone el total reclamado de 523.015,34 euros.
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