Hace menos de una semana, la comunidad educativa de Caimari protagonizó una cacerolada a las puertas del pleno del Ajuntament de Selva para reivindicar una solución para la escuela nueva de Caimari. No obtuvo la información que quería, tampoco en la comisión de seguimiento. | Elena Ballestero

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A punto de cumplirse un año de la moción de censura que presentaron Arrelam, PI-Independents y Esquerres pel Poble (ExP) contra el histórico alcalde de Selva Joan Rotger (PP), el nuevo pacto de gobierno de izquierdas encabezado por el alcalde Joan Sastre hace aguas.

Tras meses de silencio, el portavoz de Arrelam, Toni Frontera, confesó el lunes a medianoche a las familias de Caimari que hoy por hoy los solares previstos para construir la nueva escuela en la pedanía no sirven y que no quiere participar del «engaño» en el que mantienen a las familias sus socios de gobierno de Independents-PI y ExP.

Las familias llevaban cuatro meses reclamando sin éxito información sobre la valoración y viabilidad de compra de una finca situada en las proximidades del antiguo colegio (hoy los escolares asisten provisionalmente a clases en Ca ses Monges). El equipo de gobierno había presentado esta finca como alternativa a los terrenos que hay junto a la iglesia sobre los que el Ajuntament tiene una opción de compra que caduca en abril. El equipo de gobierno dice que la opción de la iglesia puede tener dificultades con Patrimoni y aún no tramita el interés general.

Se da la circunstancia de que el regidor Toni Frontera (Arrelam), alcalde pedáneo de Caimari, es además padre de uno de los alumnos del CEIP Ses Roques. En una reunión del AMIPA celebrada el lunes no pudo contenerse y dijo la verdad: «Hoy por hoy el Ajuntament no tiene ningún solar apto para la escuela».

Lo que Frontera silenció durante más de tres meses junto a sus socios de gobierno del PI y ExP es que la segregación de la finca situada en las inmediaciones de la escuela parece inviable porque en los años 2000 y 2002 el Ajuntament de Selva concedió dos licencias para construir un chalet que podrían ser declaradas nulas de pleno derecho. No se descarta que con el tiempo se pudiera iniciar un proceso de segregación de la finca, legalización o derribo del chalet y completar la venta del suelo al Consistorio, pero todo indica que es inviable hacerlo antes de abril, cuando el Ajuntament perderá su opción de compra. En estos momentos, el Ajuntament negocia con Educació la posibilidad de que el Consell de Govern apruebe la construcción de la nueva escuela en el solar municipal de ses Deveres (descartado a principios de legislatura) en contra del Pla Territorial y que luego el Consell modifique su normativa adaptándose al proyecto. La segunda opción, que negocian con Territori, es que el Govern apruebe un decreto ley que recalifique a la medida el suelo rústico en distintos municipios para albergar equipamientos públicos.