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Los ayuntamientos de Mallorca disponen de 357 millones de euros en los bancos pero sin embargo no pueden gastarlos. Lo impide la llamada ‘ley Montoro’, una norma que el Gobierno del Estado impulsó en 2012, en tiempos de recesión y con el déficit disparado, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica y financiera de las corporaciones locales.

Transcurridos cinco años, las cuentas de los ayuntamientos están saneadas, pero las restricciones de gasto impuestas siguen vigentes. Los ayuntamientos presionan ahora para que el Estado las levante y les permita gastar el dinero que han ahorrado forzosamente, para que cese la intervención del Estado y recuperar su autonomía original.

El municipio que más dinero tiene sin poder gastar es Alcúdia, con 56 millones de euros. Luego están Calvià y Manacor (30 millones), Pollença, Andratx y Llucmajor (20 millones), Marratxí (18 millones), Palma (16), Santa Margalida (12), etcétera. En la parte baja están los municipios más pequeños y con menor presupuesto, pero los efectos son los mismos relativamente. Es el caso de Banyalbufar, que con una población de poco más de 500 personas tiene 1,4 millones de euros en el banco sin poder usar (esto son alrededor de 2.800 por habitante ‘congelados’).

Las cifras expuestas en la gráfica adjunta se refieren al llamado remanente de tesorería. Se trata de un dinero que pertenece a los ayuntamientos pero del que no pueden disponer. La ‘ley Montoro’ impuso unos límites al gasto basándose en la realidad económica y financiera de 2012, con una multitud de consistorios endeudados. El contexto y la realidad han cambiado, pero las restricciones continúan.

Comisión
La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, la asociación que agrupa a los ayuntamientos isleños, ha creado una comisión formada por una decena de alcaldes con el propósito de presionar a los legisladores para que levanten el bloqueo y «liberen» el superávit acumulado durante estos años, o al menos una parte.

El alcalde de Alcúdia y presidente de la comisión, Antoni Mir, explica que ha enviado sendas cartas al ministro Montoro, a Albert Rivera –el PP y Ciudadanos tumbaron recientemente en el Congreso una iniciativa para levantar las restricciones– y a la Federación Española de Municipios y Provincias en este sentido.

Asimismo, contemplan reunirse próximamente con los senadores y diputados elegidos por Balears en las Cortes para exponerles la situación y hacer piña. «Esto no va de colores políticos sino de municipalismo contra centralismo. La gente no entiende que necesitemos inversiones y dispongamos de fondos pero sin embargo no se nos permita ejecutarlas. El dinero del pueblo debe gastarse en el pueblo porque es del pueblo. Es nuestra premisa», señala.