El Consell y el Ajuntament de Deià tendrán que pagar por uno de los derribos de Llucalcari

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Las demoliciones se iniciaron en diciembre de 2010 y el terreno fue totalmente restituido.

Las demoliciones se iniciaron en diciembre de 2010 y el terreno fue totalmente restituido.

12-06-2018 | Redacción Part Forana

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha comunicado al Consell de Mallorca y al Ajuntament de Deià otras dos resoluciones en relación a sus respectivas responsabilidades en el otorgamiento de licencias de obra a los chalets de Llucalcari que fueron demolidos tras un largo litigio.

En este caso se trata de dos sentencias recaídas por sendas reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas en su momento por los propietarios contra el Ajuntament, por haber otorgado en su momento las correspondientes licencias de obra.

En uno de estos dos procesos (otros ya tenían sentencias firmes) el Tribunal excluye del procedimiento al Consell Insular y, por tanto, no le impone ninguna responsabilidad de carácter patrimonial ni tampoco al Ajuntament. Sin embargo, en un segundo procedimiento sí que condena de forma solidaria al Consell de Mallorca junto al Ajuntament de Deià al pago de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, que ascienden a 253.862,85 euros en favor de Marlene Richter y a 253.862, 85 euros en favor de Christian Lempelius, propietarios de uno de los chalets derribados. Además ambas instituciones deberán abonar los intereses legales que correspondan desde el 31 de marzo de 2012.

Desde el Consell se ha señalado que esta última sentencia ha sido ya recurrida ante el TSJIB. El Ajuntament de Deià era parte en este contencioso por considerar que el Consell de Mallorca fue también en su momento corresponsable del otorgamiento de las obras, ya que el Consistorio las otorgó con informes favorables.

Según la alcaldesa, Magdalena López, «esta sentencia nos da la razón, aunque el Ajuntament ya ha pagado hace tiempo la parte que le corresponde, así como el importe de otras sentencias firmes». Hay que decir que en este caso concreto los propietarios reclamaban una indemnización de 2,5 millones de euros además de otros 160.000 por «daños morales».

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Nofret
Hace 2 meses

Han de pagar els funcionaris i politics que prevaricaren. No les institucions publiques.

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Que busquen al culpable en persona
Hace 2 meses

Los propietarios debieron sobornar al funcionario de turno para poder construir ahí, y cuando saltó la liebre y tuvieron que esbucarlos, quieren recuperar su dinero. Pero no lo devuelve el sobornado, sino todos los vecinos de Deià. Muy bonito...

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indignado
Hace 2 meses

Entiendo que estas indemnizaciones debieran de pagarlas los responsables del departamento, habidos en su dia, y que otorgaron las licencias inclusives los responsables técnicos, pues si estas al final no fueron correctas, es que hubo negligencia profesional o convivencia. Estos fallos se deberian de pagar profesionalmente.

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