El juzgado trata de determinar si tal y como denunció el abogado Leopoldo de Miguel ante el entonces fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la paralización durante años de diversas urbanizaciones de Pollença es delictiva.
Suelo urbano sensible
El escrito dirigido por De Miguel a Anticorrupción parte de la paralización de la urbanización del Vilà y extiende su argumentación a otras urbanizaciones medioambientalmente sensibles como La Font, L'Ullal, Gotmar, Formentor, Llenaire, Cala Carbó y Can Botana, vinculando su paralización a la negativa de los propietarios a pagar el 15 % del aprovechamiento del suelo.
Cifre siempre ha defendido que el cobro del aprovechamiento del suelo está amparado por ley. Tanto él como otros partidos que defienden la conservación del territorio desconfían del interés de la denuncia.
Tras más de dos años sin novedades en el caso los testigos fueron llamados a declarar en julio, pero sus declaraciones se aplazaron hasta el miércoles 19 de septiembre después de que el abogado De Miguel pidiera que la Fiscalía asistiera a la toma de los testimonios. De Miguel confirmó ayer que esta semana se ha producido un nuevo aplazamiento y las declaraciones se realizarán finalmente en octubre.
Cabe recordar que la Fiscalía ha prorrogado la investigación judicial de este caso hasta junio de 2019. Se trata de una excepcionalidad contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tras la entrada en vigor de un cambio normativo el 7 de diciembre de 2016 impedía ordenar nuevas diligencias de investigación sobre los expedientes de causas penales abiertas antes de esa fecha que no hubieran sido ya informados.
2 comentarios
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Tomeu ,como puedes comprobar no eres el amo de Pollens.
Quien es el brazo que mece la cuna? Tanta insistencia del letrado madrileño debe tener su intringulis.