La recuperación de la servidumbre pública de paso por el Camí de Ternelles es una larga reivindicación de la plataforma Pro Camins Públics, que convocó grandes movilizaciones hasta conseguir que el Ajuntament diera las primeras autorizaciones de paso, ahora suspendidas. | Teresa Ayuga

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El Ajuntament de Pollença no podrá volver a emitir autorizaciones de paso para que los senderistas transiten por el Camí de Ternelles mientras el Govern no adapte el vigente Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana a la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Esta norma fue modificada por el Parlament en 2016 para que el excursionismo sea un uso autorizable en las llamadas zonas de exclusión (las más sensibles desde el punto de vista ambiental).

El Parlament introdujo este cambio legislativo cuando faltaban solo unas semanas para que el Supremo se pronunciara sobre el recurso que el Ajuntament de Pollença había presentado contra una sentencia anterior del TSJB que, dando la razón a la familia March (propietaria del Camí de Ternelles), obligaba al Ajuntament a adaptar su planeamiento urbanístico al PORN. Este creó dos zonas de exclusión en los accesos al Castell del Rei y a Cala Castell lo que implicaba de facto la suspensión de la servidumbre pública existente. El TSJB entendía que la servidumbre pública solo se justificaba porque el camino daba acceso al mar, pero el acceso resultaba imposible sin invadir las zonas de exclusión.

Ante este panorama, el Ajuntament de Pollença intentó utilizar un «atajo» para que el TSJB le devolviera la potestad de autorizar el uso público en base a la modificación de la LECO. Pero el TSJB rechazó las pretensiones municipales en el mes de enero. El Ajuntament recurrió el auto y este miércoles el TSJB ha rechazado su recurso fallando de nuevo a favor de la familia March. El Ajuntament deberá asumir las costas judiciales. Ahora solo cabe la posibilidad de presentar un último recurso de casación que tendría «pocas posibilidades», según fuentes judiciales.

«No me ha sorprendido en absoluto, para mí era más que previsible», dijo este jueves el nuevo alcalde de Pollença Tomeu Cifre Ochogavía (Tots) sobre la última interlocutoria. Se pregunta porqué el Govern no inició de oficio la adaptación del PORN a la LECO para salvar la servidumbre tras la sentencia de enero y porqué tampoco lo solicitó formalmente el Ajuntament de Pollença entonces liderado por el histórico ecologista Miquel Àngel March (Junts). «Ahora estudiaremos la interlocutoria y hablaremos con Medi Ambient. Nosotros creemos que hay que buscar un consenso, también con la propiedad, que permita el uso público y a la vez ofrezca garantías de conservación», dice el alcalde.

El plan municipal para recuperar la servidumbre que paró el TSJB no solo pretendía recuperar el sistema de autorizaciones que hasta el verano de 2018 permitía el paso de hasta 20 excursionistas al día, sino que incluso ampliaba la cifra a 58 personas en algunos casos, cuestión que le reprochó el tribunal. La resolución judicial de enero cerraba la vía municipal pero a la vez reconocía la potestad del Govern para cambiar la situación.

Acceso con guías

Hoy por hoy sigue siendo posible acceder a la finca de Ternelles, pero no transitar hasta el Castell del Rei ni hasta Cala Castell. Las visitas a la finca las gestiona la propiedad a través de la Fundació per a la Conservació del Voltor Negre. Son gratuitas y se realizan, siempre bajo la supervisión de un guía, previa reserva en la web https://visitaguiadaternelles.com.

El aforo máximo permitido es de 20 personas diarias. La edad mínima es de 16 años, aunque la inscripción de menores se puede realizar si están acompañados por un adulto. Se requiere un mínimo de 4 personas por reserva.