Durante los próximos dos años el Ajuntament notificará a los propietarios de viviendas construidas antes de 1900 la obligatoriedad de pasar la inspección de construcciones. | Elena Ballestero

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En el último año el Ajuntament d'Inca ha dictado 20 órdenes de ejecución de obras de urgencia en inmuebles de la ciudad cuyos problemas de conservación ponía en riesgo la seguridad de los viandantes y de sus inquilinos. No en vano, en la última década se han producido varios derrumbes fortuitos. El Ajuntament ha aprobado ahora las tasas de la futura ordenanza municipal que obligará a los propietarios de viviendas de más de treinta años a presentar periódicamente ante el Consistorio un informe de evaluación del estado de sus edificios.

Durante los próximos dos años (2020 y 2021) el Ajuntament notificará a los propietarios de inmuebles construidos con anterioridad al año 1900 la obligación de realizar este trámite.

Los propietarios deberán contratar a un arquitecto que realice el informe de evaluación correspondiente. Una vez entregado dicho informe, el Ajuntament enviará a un técnico municipal a comprobar in situ la veracidad del mismo y determinará si supera o no la Inspección de Construcciones y Edificaciones (conocida popularmente como la ITV de las viviendas).

Para completar el proceso (además de los honorarios de su arquitecto) el propietario deberá abonar una tasa municipal de 105 euros. La ordenanza fiscal reguladora, que se publicó ayer en el Boib, establece algunas bonificaciones para los propietarios con menos recursos, siempre y cuando no tengan otras edificaciones registradas a su nombre. El regidor de Urbanismo de Inca, Andreu Caballero, explicó ayer los detalles del procedimiento y avanzó que, según las estimaciones municipales, existen en Inca 1.312 edificios construidos antes del año 1900 cuyos propietarios recibirán las notificaciones una vez se apruebe definitivamente la ordenanza (previsiblemente antes de final de 2020). A partir de 2022 el Ajuntament pasará a notificar la obligatoriedad de pasar la ‘ITV' de la vivienda a los propietarios de edificios construidos entre 1900 y 1902. «Cada año se irán ampliando los tramos», dice Caballero.

El regidor explica que el Ajuntament «está obligado por ley a desarrollar esta ordenanza, como todos los municipios de Mallorca de más de 20.000 habitantes». «La puesta en marcha de la llamada ITV de la vivienda es una cuestión no solo de legalidad sino de seguridad ciudadana», dice Andreu Caballero.

El reglamento (cuyos detalles se definirán en breve) permitirá que los inquilinos puedan exigir a los propietarios de sus casas el certificado que demuestre que se ha superado la Inspección de Construcciones i Edificaciones, acreditando así que su vivienda es segura.