La magistrada toma la decisión una vez ha comprobado que el Ajuntament de Alaró y la constructora, los responsables de la ilegalidad, tienen fondos suficientes para indemnizar a los propietarios de las viviendas, que son los afectados por el caso. Las distintas instancia judiciales considerararon que la licencia para la construcción era ilegal en un procedimiento que arrancó en el 2006. En 2014 se inció la fase de ejecución de la sentencia, que incluía la obligación de la demolición del edificio ilegal después de que la Administración no pudiera legalizar la obra. Los tribunales advertían sobre una modificació urbanística puntual para salvar un único edificio.
Ese mismo año, el Ajuntament pidió la suspensión de la ejecución porque sostenía que no podía llevarla a cabo en ese momento. El TSJB accedió mediante una sentencia y ordenó que se garantizara la disponibilidad de fondos para indemnizar a los afectados.
El pleno municipal ya aprobó un aval de 3,5 millones de euros para afrontar esas posibles indemnizaciones. Ahora, se levanta la suspensión y se acuerda el cumplimiento de la orden de demolición, aunque se trata de una decisión que aún puede ser recurrida por alguna de las partes personadas.
La demolición afecta a una franja de 11,7 metros cuadrados justo en la esquina de las calles de Pere Rosselló i Oliver y de Son Amengual.
3 comentarios
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Conozco una persona que vive alli, y siempre me pareció una locura lo de demoler todo. El agravio que supone para los afectados es enorme. Y todo por la avaricia o lo que haya sido. Muy triste todo, y por lo visto ¿el pueblo entero ha de pagar también por ese "error"?. Una muestra más de la mala gestión a la que nos vemos sometidos.
¿No ha sido posible encontrar una solución técnica para eliminar sólo esos metros cuadrados sobrantes e irregulares?