Imagen de los bloques de apartamentos declarados ilegales y sobre los que pesa una orden judicial de demolición. | M. À. Cañellas

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El pasado 31 de marzo expiró el plazo para la demolición de los apartamentos ilegales de Cala Llamp y todavía no se ha movido una sola piedra en ninguno de ellos. El contrato de las obras de derribo adjudicado por el Ajuntament d'Adratx a la empresa Amer e Hijos estipulaba que los trabajo de demolición debían concluir antes del final del primer trimestre de 2021. Un incumplimiento del que, sin embargo, no es responsable la constructora, ni tampoco el consistorio.

Nuevo retraso

La enésima dilación en el derribo de los dos bloques que albergan los 12 apartamentos ilegales ordenada mediante sentencia firme en 2013 por el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma, viene esta vez provocada por este mismo juzgado. Según el alcalde de Andratx, Joan Manera (Més), el ayuntamiento todavía está a la espera de que el mencionado Juzgado de lo Contencioso autorice el inicio de las obras de derribo, después de que los propietarios de los inmuebles ilegales construidos al amparo de una licencia urbanística concedida en 2005 por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo y que en 2013 los tribunales declararon nula, no hayan presentado recurso al último dictamen judicial del magistrado Alejandro Gómez Mariscal de Gante que ratificaba por enésima vez la orden de demolición.

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El pasado 21 de octubre, el Ajuntament d'Adratx solicitó al Juzgado de lo Contenciosos–Administrativo número 2 de Palma la entrada interesada en las viviendas a efectos de poder proceder a su desmantelamiento.

Una petición que ya entonces también llegaba con retraso después de que, justo cuando debían iniciarse los trabajos de demolición durante el pasado mes de enero, los propietarios de los apartamentos hicieran uso de una última triquiñuela legal para salvar sus propiedades del derribo. Un acción a la desesperada que el mismo tribunal echó por tierra, no sin evitar un nuevo retraso en inicio de las obras.

Ahora, a la espera del pronunciamiento del juzgado, el consistorio se verá con toda seguridad obligado a redefinir el contrato que ya adjudicado por 240.000 euros más IVA en diciembre a Amer e Hijos, puesto que los plazos estipulados en el documento han saltado por los aires. Para esas fechas, finales de 2020, la constructora se encontraba trabajando en las inmediaciones de Cala Llamp, lo cual utilizar para el derribo de los apartamentos de la calle Tonyina la maquinaria que ya estaba desplazada en la zona.