Los propietarios de la Fàbrica Nova de Sóller descartan solicitar su expropiación al Consell

La Fàbrica Nova está en avanzado proceso de degradación mientras sigue la disputa sobre su futuro. | I. CABRER

Ll. GarciaSóller22/10/21 3:59
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Los propietarios de la Fàbrica Nova de Sóller no tienen ninguna intención de pedir al Consell de Mallorca la expropiación forzosa del antiguo inmueble industrial y mantienen que este costoso trámite, que han valorado en 4,7 millones de euros, «corresponde al Ajuntament de Sóller». La pasada semana el Jurado provincial de Expropiaciones Forzosas (JPEF) dictó una resolución por la que se considera    «incompetente» para fijar el justiprecio del inmueble, tal y como solicitaron los titulares. Tal y como ya se informó el JPEF, recuerda en su resolución que según la Ley de Expropiaciones Forzosas que data de los años 50 del pasado siglo, en el caso de bienes de valor artístico, histórico o arqueológico el justiprecio lo fija en vía administrativa una comisión de académicos y no este organismo.

Sin embargo el dictamen no entra a discutir a quien le corresponde ejecutar la expropiación solicitada. Aun así el ayuntamiento mantiene que es al Consell a quien corresponde por haber declarado la fábrica como Bien de Interés Cultural (BIC). Según la propiedad esta teoría «no tiene sentido, ya que la expropiación no se solicita por este motivo, sino por la calificación urbanística de la Fàbrica Nova en el Plan General vigente». Desde la propiedad se admite que la inhibición del TPEF    supondrá    tener que ir a los tribunales, pero la expropiación la seguiremos pidiendo a quien corresponde y no al Consell».   

Recuerdan que «muchos bienes han sido declarados BIC por el Consell, ya que es su competencia y a nadie, dado el caso, se le ha ocurrido por ello pedir su expropiación al gobierno insular». La teoría municipal es que la declaración de BIC «deja sin efecto lo dispuesto en el Plan General». El PP emitió ayer una nota de prensa manifestando que la propiedad «tiene todo el derecho a reclamar la expropiación», pero afirma que el Consell fue quien decidió está protección especial y ahora debe responder y asumir las consecuencias legales, jurídicas y económicas que esta protección implica y que fue un desvarío de la izquierda».