El pacto hace aguas, ¿habrá naufragio?

Imagen del equipo de gobierno con Rouarch y Mir en el centro. | PAM

Pedro Aguiló MoraAndratx04/01/22 3:59
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Si alguien le asegura que el pacto que gobierna el Ajuntament d'Andratx goza de la tranquilidad propia de una balsa de aceite o funciona con la precisión de un reloj suizo, o bien miente, o bien no se entera de nada. Hay que remontarse a los tiempos del alcalde Eugenio Hidalgo para dar con un ambiente de tanta inestabilidad política e institucional como el actual. Al final de la legislatura, el Consistorio habrá conocido, al menos, a tres alcaldes. En virtud de la alianza rubricada tras las elecciones de 2019, se habrán repartido la alcaldía Katia Rouarch (PI), Joan Manera (Més) y Toni Mir (PSOE), quien, según el guion previsto hace dos años y medio, será quien concluya el mandato como máximo representante municipal. Y es precisamente con Mir en la alcaldía con el que las tensiones internas han aflorado a la superficie. Su carácter no ayuda, como tampoco la evidente falta de preparación de algunos regidores, como es el caso de la ex consellera de Cultura Ruth Mateu al frente del área de Hacienda. Si bien las relaciones entre los ediles de PSOE y Més parecen, al menos de cara a la galería cordiales, algo se ha perdido entre el alcalde socialista y los regidores del PI capitaneados por Katia Rouarch, cuya decisión en 2019, dado su papel de formación bisagra, de articular un gobierno de centro izquierda tras ocho años gobernando con solvencia con el PP, todavía hoy más si cabe, en Andratx aún muchos no entienden.

La principal razón esgrimida entonces por la líder regionalista de pactar con PSOE y Més tras dos legislaturas gobernando con el PP, fue el compromiso del Govern y el Consell de Mallorca de ayudar al pueblo a pagar las millonarias indemnizaciones urbanísticas a la que los jueces han condenado al Ayuntamiento en los últimos años tras los desmanes del mencionado Hidalgo durante la legislatura 2003–2007. Sin embargo, demediada con creces la legislatura, aun no ha llegado la hora de que tanto el gobierno de Francina Armengol como el de Catalina Cladera suelten un solo céntimo de euro para aliviar la presión indemnizatoria a la que se enfrenta la Administración municipal andritxola. Esa promesa incumplida pesa como una losa sobre la formación que desde Palma intentan dirigir Tolo Gili y Josep Melià, quienes, tarde o temprano, deberán exigir algún tipo de explicación en sede parlamentaria. Pero a quien más le pesa es a Rouarch y nada de lo que ha ocurrido en los últimos dos meses en el Ayuntamiento contribuye a aliviar tal carga. Tres han sido las causas que han acrecentado el distanciamiento entre el PI y sus socios de gobierno, al margen del incumplimiento en las ayudas al pago de las indemnizaciones.

La primera vez que Katia Rouarch no disimuló en público su malestar con el alcalde fue durante el pleno del pasado mes de octubre, cuando Toni Mir tuvo un comportamiento abiertamente machista con la regidora de UP Ana María Porcel, de la que incluso llegó aventurar si acudía borracha a la mencionada sesión plenaria. Otra muesca en la estabilidad del pacto fue la incapacidad del equipo de gobierno de, por primera vez en diez años, aprobar la rebaja anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), después de que Ruth Mateu confundiera un plazo de 30 días naturales con uno de 30 días hábiles. Un error de bulto que se suma a los que han imposibilitado hasta en dos ocasiones aprobar el presupuesto municipal para el año 2022, aún teniendo mayoría suficiente para hacerlo. O ya no. Depende del PI. El pacto hace aguas. La única duda es si habrá naufragio.