Cala Mesquida es una de las playas cuya concesión se investiga por un juzgado de Instrucción de Manacor. | Redacción Part Forana

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Un juzgado de Manacor tramita una querella contra el alcalde de Capdepera, Rafael Fernández Mallol por un posible delito de prevaricación y otro de cohecho en torno al contrato para la gestión de seis playas del municipio. La denuncia ha sido presentada por la empresa que ganó el concurso en la primavera de 2020 y sostiene que el alcalde, junto con el coordinador de playas y un empresario llevaron a cabo una actividad de acoso para cambiar la concesión.

El concurso fue adjudicado a una empresa nueva que no era la que tradicionalmente llevaba a cabo este servicio. Lo fue para un periodo de cuatro años y por cerca de dos millones de euros. El contrato se firmó el nueve de mayo de 2020, con las playas cerradas por la COVID-19. De acuerdo con la querella, ese mismo día ya se llevó a cabo una inspección en las playas. Cinco días después se llevó a cabo otra, con los arenales cerrados, y ya entonces se inició un procedimiento para anular la concesión por una serie de supuestas irregularidades. El procedimiento administrativo rechazó las alegaciones del concesionario y el tres de agosto la empresa fue expulsada por la Policía Local de las playas con la advertencia de que cometerían un delito de desobediencia si no se iban. La antigua concesionaria volvió a encargarse de las playas.

El juzgado de Instrucción ha admitido a trámite la querella e indagará si los hechos relatados son ciertos y si hay una responsabilidad penal en torno al mantenimiento de las seis playas. Otras empresas habría sufrido un trato similar por el Ajuntament.