Una jueza investiga al pacto de Andratx por la adjudicación irregular de contratos

Las investigaciones judiciales llegan después de que durante toda la legislatura los partidos de la oposición y, sobre todo, le interventora municipal alertaran y advirtieran al pacto de gobierno su forma de proceder en diversas contrataciones y diferentes facturas que se habrían ido pagando sin tener en cuenta el procedimiento administrativo pertinente que prescribe la ley de contratos públicos.

El juzgado también intenta confirmar si algunos de esos contratos fueron adjudicados a determinados grupos y asociaciones representadas por militantes o personas que han ido en listas electorales de los partidos políticos que conforman el equipo de gobierno. Sobre algunos de los contratos investigados pesan contundentes notas de objeción de la interventora municipal en las que se advierte de que no cuadran las cifras y datos de presupuestos, proveedores y adjudicación. Es decir, que el contrato se habría adjudicado a una empresa diferente de la que presentó presupuesto más económico, añadiendo que las tres empresas que habrían concurrido al concurso comparten el mismo domicilio fiscal.

Según las conclusiones de la interventora, el incumplimiento más repetido es el fraccionamiento de contratos o la falta de licitación. En este sentido, la investigación también se detiene en la decisión del pacto de eliminar a principios de legislatura una base de ejecución de presupuesto que obligaba a colgar en la web del Ajuntament las licitaciones superiores a 5.000 euros para garantizar la mayor transparencia y concurrencia; decisión que justificaría posteriores actuaciones. Una de ellas –también investigada– es la referente a la contratación directa de una asesoría laboral para la confección de las nóminas del personal municipal. Hasta el momento, esta labor la realizaban los funcionarios y ahora el Consistorio paga a una empresa privada 4.600 euros mensuales por este concepto.