Dicha investigación se puso en marcha al recibir en la comisaría varias denuncias contra el ahora detenido por parte de antiguos trabajadores, quienes advirtieron que su jefe se aprovechaba de ellos con engaños, pudiendo haberles causado importantes perjuicios. El empleador, a fin de convencer a sus futuros empleados, ofrecía unas condiciones laborales muy beneficiosas para los trabajadores, como elevados sueldos, manutención y hospedaje, y los días libres correspondientes. Una vez empezaban a trabajar, el empresario prolongaba las jornadas laborales de los empleados hasta las 12 horas diarias, quienes libraban un día al mes. Además, según la Policía, el personal no cobraba las nóminas a final de mes y no eran dados de alta en la Seguridad Social.
En caso de que los empleados se negaran a seguir trabajando, eran increpados por el responsable y despedidos, y también se quedaban sin alojamiento, ya que varios de los trabajadores residían en habitaciones del edificio de uno de los restaurantes del empresario. Según la Policía, en la mayoría de los casos los trabajadores denunciaron haber recibido durante sus jornadas laborales insultos, zarandeos y actitudes violentas, como el lanzamiento de objetos al suelo, gritos y malos gestos por parte del empresario. En una nota, la Policía ha explicado que una de las trabajadores llegó a trabajar 14 horas diarias y que, posteriormente, tuvo que servir la comida a los empleados, así como limpiar el piso en el que residía el jefe.
Esta mujer también habría sufrido acoso en el ámbito laboral, siendo despedida sin haber cobrado la nómina, sin haberla dado de alta y obligada a abandonar la habitación en la que residía. El subgrupo de Extranjería de la Policía Nacional ha concluido que el empresario buscaba perfiles de personas con situaciones económicamente delicadas y en situación irregular para que una vez en la empresa dependíeran totalmente del empleador. Además, durante el transcurso de la investigación, el cuerpo policial comprobó que el investigado había sido denunciado en la Jefatura de Palma por parte de una galería de arte por la apropiación indebida de una serie de cuadros, cuyo valor ascendía a unos 10.000 euros.
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