Primera demanda de un trabajador contra la nueva propiedad del Formentor

«Los plazos de la reforma del Hotel Formentor no se están cumpliendo según prometió Emin Capital, actual gestora tanto de la reforma del hotel como de la gestión de los empleados , en el acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores que se selló el pasado 31 de julio de 2021, por lo que según ha anunciado ya la empresa, y como es obvio dado el actual estado de las obras, la reapertura del emblemático establecimiento ya no será abril de 2023 como se les prometió a los trabajadores en el citado acuerdo, sino que será ya en 2024 como mínimo, lo que afecta a unos 70 trabajadores fijos discontinuos y 5 fijos. A día de hoy, prácticamente todos ellos han agotado sus respectivas prestaciones por desempleo, subsidios o cualquier otro tipo de ayudas y les espera un crudo invierno», explica el demandante.

El empleado que ha llevado el caso a los tribunales ha sido Jefe de Recepción que tenía un contrato de fijo con una antigüedad de más de 31 años en el momento del cierre del establecimiento. «Sin posibilidad ya de reincorporarse a su puesto de trabajo en abril de 2023, no puede soportar más esta situación, por lo que me he puesto en contacto con la Empresa Inmobiliaria Formentor SAU a través del despacho de abogados ADC Abogados, situado en Palma de Mallorca, expertos en Derecho Penal, Civil-Administrativo y Laboral, liderado por el prestigioso abogado laboralista Pablo Alonso de Caso», informa el afectado.

El pasado 29 de noviembre las partes estaban citadas a un acto de conciliación en el que, según las mismas fuentes, «la empresa no quiso hacer ningún tipo de oferta, ni tan siquiera de mínimos para evitar ir a los tribunales». Ante esta situación, el jueves pasado se presentó una demanda en el juzgado de Palma contra las tres empresas implicadas , que son, por un lado Inmobiliaria Formentor S.A.U., como propietaria del hotel , Emin Capital como gestora actual, y Four Season como futuro gestor del hotel una vez acabada la reforma. Inmobiliaria Formentor desmiente de forma tajante que se esté produciendo un «fraude laboral»

El demandante asegura que «el acuerdo alcanzado entre los representantes sindicales del hotel , que son UGT y CCOO, e Inmobiliaria Formentor SAU , y refrendado por Trabajo, es muy ambiguo en sus conclusiones y y se firmó bajo presiones de la empresa». Sostiene que «en la primera reunión se presentó sin ofrecer absolutamente nada a modo de compensación a los trabajadores afectados, luego ofreció 300 euros mensuales que tampoco consideraron los trabajadores suficiente, esperando hasta el último dia hábil para ofrecer in extremis entre 950 euros brutos como mínimo o 1.050 euros brutos como máximo».

El trabajador fijo que ha presentado la demanda considera además que ha sido objeto de «un agravio comparativo importante con respecto a los trabajadores fijos discontinuos, no respetándose en este caso su condición de trabajador con contrato indefinido provocando una situación de vulnerabilidad pues ha visto reducido sus ingresos anuales de los años 2021 y 2022 entre un 70% y un 75%, habiéndo agotado su prestación por desempleo a la que tenía derecho, lo cual era un requisito impuesto por la Empresa».

Uno de los puntos de la demanda se refiere a la presunta ilegalidad cometida a la hora de incluir a los 70 trabajadores en diferentes Ertes. El demandante y su abogado esperan que la justicia los considere, nulos de pleno derecho.

Inmobiliaria Formentor desmiente de forma tajante las acusaciones de presunto fraude laboral y asegura que «no existen más conflictos» con sus trabajadores. «La demanda de Bartolomé Palau, recepcionista del hotel durante más de treinta años, es la única reclamación que la empresa ha recibido por parte de los trabajadores», dice la propiedad.

«El fraude que el trabajador manifiesta mediante su demanda es en definitiva sobre la gestión del ERTE ETOP entendiendo este que la verdadera sociedad empleadora no es Inmobiliaria Formentor, así como otros supuestos incumplimientos relativos a las obligaciones laborales que mantienen la empresa frente a los trabajadores. Dicha demanda fue presentada ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares, y el pasado 29 de noviembre se celebró el acto de conciliación sin avenencia alguna», continua.

La empresa defiende la «total y más estricta legalidad» del acuerdo que se alcanzó el pasado 30 de julio de 2021 con todos los trabajadores representados en ese acto por el Comité de Empresa, y acompañados durante todo el proceso de negociación por sus asesores laborales de los sindicatos de CCOO y la UGT, fue validado por la autoridad laboral y concretamente por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el pasado 29 de septiembre de 2021, mediante una inspección presencial enla que comparecieron simultáneamente los representantes de la empresa y de los trabajadores.
«La empresa cumple y lo seguirá haciendo, con todas y cada una de las obligaciones laborales y sociales establecidas en el acuerdo», concluye.