Archivada la causa penal contra el exalcalde Cifre por la paralización de urbanizaciones sensibles

Fue la Fiscalía Anticorrupción quien instó en 2014 al juzgado de Inca a abrir diligencias previas a raíz de una denuncia presentada por el abogado Leopoldo de Miguel ante el fiscal Pedro Horrach. Este abogado acusaba al entonces alcalde Tomeu Cifre de exigir el cobro de una comisión de hasta un 15 % a los promotores de las citadas urbanizaciones y de paralizar y dilatar intencionadamente su desarrollo urbanístico ante la falta de pago.

El juez considera probado, tras una instrucción de 10 años, que el alcalde no prevaricó. Todos los testigos que han pasado estos años ante el juez han confirmado que Cifre exigió el pago del aprovechamiento urbanístistico de las urbanizaciones para las arcas municipales, algo que no solo ampara la ley, sino que es un derecho básico para el erario público. El juez ni siquiera ve indicios que acrediten la paralización absoluta y arbitraria de los proyectos de urbanización. Confirma que todos los requerimientos que realizó el alcalde se hicieron con el aval de los técnicos y juristas municipales y que si las urbanizaciones mediambientalmente sensibles siguen sin completar su desarrollo a día de hoy, es debido a la aprobación de diferentes normativas de ámbito autonómico e insular que desclasificaron terrenos en algunos casos (como en Cala Carbò y el Vilà) o aumentaron los requisitos para construir en suelos urbanizables sin servicios básicos.

De todas las urbanizaciones que han estado los últimos diez años bajo la lupa de anticorrupción, solo Formentor tiene la clasificación de suelo urbano. Cala Carbó y el Vilà fueron desclasificados parcialmente por el Govern, en una operación que ahora obliga a la administración autonómica a pagar al promotor Matthias Kühn más de 96 millones de euros por la desclasificación de Muleta.

El exalcalde de Pollença, Tomeu Cifre, hoy líder de Tots (en la oposición) ha recibido con un sabor agridulce la notificación del archivo de la causa pena. «Es una pena lo que pasó y lo que ha pasado durante todo este tiempo, el gasto público que esta causa ha tenido para las arcas municipales. También a nivel personal es triste la situación de que te juzguen sin que se llegue a celebrar un juicio. Esta fue una campaña totalmente orquestada por los poderes fácticos de aquél momento, en la legislatura de José Ramon Bauzá, al que le molestábamos los regionalistas que no comulgábamos con el TIL», dice Cifre.