El conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, ha comparecido ante los medios de comunicación en la Misericordia.

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El departamento de Turisme del Consell abrió el pasado 9 de julio un expediente sancionador al agroturismo Sa Talaia Blanca (Muro) regentado por la hija del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo. Así lo ha confirmado el conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, en una comparecencia en la Misericordia (Palma) después de que se destapara que el establecimiento ha operado de manera ilegal desde 2019, momento en el que el Govern (que entonces tenía las competencias en turismo) decretó su cierre.

"Desde el 2019 a 2022 se mira para otro lado, no hay inspecciones y no se hace nada", se ha defendido el conseller, tras las acusaciones de la oposición que apunta que actual departamento de Turismeha dado un "trato de favor" a Monjo, que es socio del PP en Santa Margalida, por no haber cerrado todavía el establecimiento. Rodríguez ha negado ningún favoritismo: "Ni mi presidente, ni mi partido me han exigido, ni en este caso, ni en ningún otro, nada. Si algo me ha dicho es que sea riguroso con la ley".

Respecto del procedimiento que se está siguiendo con la inspección a Sa Talaia ha detallado que la conselleria inició en octubre de 2023 una campaña contra la actividad turística ilegal en la que se enmarcó en mayo de 2024 una inspección a los establecimientos en suelo rústico cogiendo como base de su registro todos los establecimientos que estaban cancelados y todos los que podían estar dados de baja: "De 419 establecimientos se han revisado 310, de los cuales se han levantado 11 actas de inspección. Entre las cuales está un acta de inspección de irregularidades a Sa Talaia", ha detallado Rodríguez.

Cuanto a las irregularidades encontradas, el conseller no ha querido dar detalles: "No voy a dar más información de expedientes abiertos porque cometo un riesgo y porque me han dicho mis técnicos que no de más información de la que he dado". Cabe destacar que que este tipo de información sobre un expediente abierto no es público.

Cronología

Asimismo, Rodríguez también ha querido "arrojar luz" sobre los hechos acaecidos cuanto a esta cuestión desde 2019. En esta línea ha explicado que en marzo de 2019 es cuando se cancela la actividad por no disponer de la Actividad Agraria Prioritaria. A partir de ahí, la propiedad inició un contencioso administrativo contra esta resolución de cierre y volvió a iniciar los trámites para obtener la Actividad Agraria Prioritaria.

En mayo de 2022, la propiedad consigue la Actividad Agraria Prioritaria y por ello, pide a la conselleria de Turisme que se revoque la cancelación de la actividad y que se vuelva a inscribir Sa Talaia Blanca en el registro de actividad turística. En ese momento, según el actual conseller, "los gestores turísticos del equipo de Cladera solicitan posicionamiento al Govern para decidir si se tiene que aceptar la revocación o no". El Govern contestó que se debía denegar la petición de revocación de cancelación de la actividad a la propiedad ya que la administrada estaba sujeta en ese momento a un procedimiento contencioso administrativo.

En abril del 2023 y tras una sentencia firme de cancelación de la actividad, la propiedad hace una reserva de plazas pagando una parte de las mismas acogiéndose a un apartado (el 4f de la exposición primera) de la ley 7/2022 que regula la moratoria de plazas turísticas. "Pudo pedir plazas a pesar de la moratoria porque tenía documentación en tramitación dentro del departamento insular", ha detallado el conseller.

En mayo de 2024 el Consell inicia una campaña de inspección de la actividad turística en rústico y es en ese momento cuando se detectan irregularidades que acaban en la apertura de un expediente sancionador que data del mes de julio de 2024. En medio de este procedimiento, el mes de junio, la propiedad presente una Declaración Responsable del Inicio de la Actividad Turística (DRIAT), "la cual sigue el procedimiento que siguen todas", ha asegurado Rodríguez.

Este documento es el suscrito por una persona interesada mediante el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para iniciar el ejercicio de una actividad turística.