Más de 80 parques solares ocuparán mil hectáreas de territorio en la Part Forana

Llucmajor y Marratxí, los municipios más afectados. | R.P.F.

Aina BorràsPalma29/11/24 4:00
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La plataforma ‘Renovables sí, però així no’ advierte del rápido incremento en la tramitación de grandes parques solares en la Part Forana de Mallorca. Durante una reunión informativa celebrada ayer en Santa Maria, los integrantes de la plataforma señalaron que municipios como Llucmajor, Marratxí, Inca, Santa Margalida y Consell están siendo los más afectados por este fenómeno, que calificaron de «boom» sin precedentes.

El geógrafo Mateu Vic explicó que actualmente en la Part Forana se están tramitando 81 proyectos de grandes centrales fotovoltaicas, que abarcarían un total de 1.029,7 hectáreas, la mayoría de ellas en suelo rústico de uso agrario. Esto equivale a casi 1.500 campos de fútbol o a la superficie total de municipios como Lloseta o Búger. Vic subrayó que las solicitudes para estos proyectos han sido «desproporcionadas», con un impacto que, de ejecutarse todas, quintuplicará la capacidad instalada de parques solares en comparación con 2023.

Entre los municipios más afectados destaca Llucmajor, con 19 proyectos en trámite, seguido de Marratxí (12), Inca (5), Santa Margalida (2) y Consell (1). Según la plataforma, este crecimiento desmedido plantea interrogantes sobre la compatibilidad entre la transición energética y la preservación del suelo rústico, clave para la preservación del territorio mallorquín. Asimismo, el geógrafo celebró que en la Serra de Tramuntana no se ha proyectado ninguna, al ser una zona protegida.

La reunión buscó informar a los vecinos y generar un debate sobre la sostenibilidad de este modelo de desarrollo energético. Aunque la plataforma apoya las energías renovables, insiste en que deben implementarse de manera más equilibrada, evitando el consumo masivo de suelos agrícolas y garantizando una planificación respetuosa con el entorno y las comunidades locales.

«El problema es que no hay planificación. Las empresas privadas promueven estos proyectos que benefician sus intereses particulares y aunque ello es lícito, son las administraciones quienes deben velar por los intereses de la sociedad», remarcó contundente Vic.