Los vecinos se constituyeron en plataforma y se han movilizado para evitar el proyecto. Una imagen de la concentración de agosto de 2024.

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La promotora del complejo residencial de sa Pedruscada, urbanización en Capdepera, rebajará sus pretensiones iniciales y limitará la altura de las 60 viviendas proyectadas a dos plantas (planta baja y un piso). Este mes de diciembre finaliza el plazo de suspensión temporal de licencias urbanísticas aprobada por el pleno municipal hace un año para frenar este complejo residencial que topó con la oposición frontal de los vecinos que llevaron a cabo diversas movilizaciones.

El Ajuntament de Capdepera y miembros de la plataforma «Salvem sa Pedruscada» se reunieron con los promotores para intentar llegar a un acuerdo, a las puertas de expirar la moratoria. Así lo ha explicado la alcaldesa de la localidad Mireia Ferrer. «Hemos llegado a un acuerdo. La promotora cambiará el proyecto rebajando las alturas. Los vecinos de la plataforma se mostraron conformes a este cambio». Sin embargo, según ha podido saber este medio, hay un sector de vecinos que piensa seguir reivindicando.

El proyecto inicial contemplaba que uno de los bloques del complejo tuviera hasta cuatro plantas (planta baja más tres alturas) lo que creaba un elevado impacto, denunciado por los vecinos. Tras la suspensión de licencias, la presión social y vecinal se ha conseguido que todas las viviendas que se construyan sean de planta baja más una altura. Todavía no ha entrado el proyecto en el Ajuntament pero es inminente ya que se han iniciado los trámites previos. La junta de gobierno local, el 20 de noviembre, aprobó el proyecto de reparcelación de sa Pedruscada para hacer la dotación de servicios y la cesión del 5% al Ajuntament.

Los vecinos desde el momento en que conocieron este proyecto se movilizaron, iniciaron una recogida de firmas y crearon la plataforma «Salvem sa Pedruscada» para «impedir la destrucción» del territorio. Denunciaron que «este proyecto perjudica el valor ambiental, paisajístico, los recursos naturales y altera las condiciones de habitabilidad y convivencia de los vecinos y de generaciones venideras».

Los usos, la edificabilidad y las alturas permitidas en esta parcela se establecieron en las normas subsidiarias aprobadas en los 80 y desde entonces no se ha llevado a cabo ningún cambio pese a la insistencia de los residentes en 1989. Desde el Ajuntament justificaron la suspensión de licencias urbanísticas en la «necesidad de mejorar las estrategias de planificación urbana y estudiar alternativas».