La DGT, por su parte, ya ha instalado en la Ma-10 las seis cámaras que le correspondían.

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El proyecto para instalar 32 cámaras de vigilancia en la carretera Ma-10, inicialmente previsto para estar finalizado a principios de verano, acumula un retraso de cinco meses, aproximadamente. Este retraso ha generado el descontento de la plataforma Indignats Ma-10, que en su momento celebró esta iniciativa como un paso crucial para frenar las carreras ilegales y la conducción temeraria en la zona.

La ejecución del proyecto sigue pendiente de que el Consell de Mallorca y la Dirección General de Tráfico (DGT) acuerden qué modelo de cámaras adquirir y cómo coordinar su funcionamiento. Según la Conselleria de Carreteras, el Consell ya dispone del presupuesto necesario, que proviene de una transferencia del Govern de les Illes Balears. En total, el Govern ha destinado 30 millones de euros para mejorar y modernizar la red viaria de Mallorca, así como para fomentar la movilidad sostenible mediante la construcción de viales cívicos.

De esa cantidad, 1,2 millones de euros se han asignado específicamente para la instalación de las cámaras en la Ma-10, la carretera de la Serra de Tramuntana. Esta partida forma parte de un esfuerzo conjunto para abordar las necesidades urgentes de infraestructura en la isla, especialmente tras la liquidación del Convenio de Carreteras con el Estado durante la pasada legislatura.

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La DGT será la encargada de gestionar la información recopilada por las cámaras y sancionar a los infractores. De aquí a que se tengan que poner de acuerdo ambas administraciones a la hora de decidir qué dispositivos comprar.

Las cámaras estarán distribuidas principalmente a lo largo de la Ma-10, con algunas ubicadas en los accesos a la carretera. Entre los puntos más destacados se encuentra el Mirador de Ses Barques, en Fornalutx, donde se instalarán tres cámaras en una zona conocida por ser un punto de encuentro para motoristas y conductores que frecuentemente organizan carreras ilegales, especialmente durante la noche.

El proyecto busca, además de mejorar la seguridad vial en la Ma-10, optimizar la infraestructura de la isla y garantizar una circulación más segura en una de las carreteras más emblemáticas de Mallorca. Sin embargo, el retraso en la implementación y la falta de coordinación entre administraciones han generado frustración entre los vecinos y plataformas como Indignats Ma-10, que piden una resolución rápida para evitar que los problemas de seguridad persistan.