El GOB asegura que el cable eléctrico a la bahía de Pollença supone una amenaza ambiental

El GOB ha presentado alegaciones contra el proyecto de construcción del segundo cable eléctrico submarino y asegura que «contradice los principios de sostenibilidad y perpetúa un modelo energético centralizado e insostenible». Rechazan este segundo cable por su impacto ambiental y climático, que aseguran que «no ha sido adecuadamente valorado», porque la infraestructura supone que las emisiones de carbono se producen en la península «pero no las elimina», y tampoco tiene en cuenta «el balance global de emisiones generado por la construcción, instalación y mantenimiento del cable».

Según el GOB, la crisis climática exige una reducción real del consumo energético y un cambio hacia modelos locales y autosuficientes «no la externalización de los impactos». En cuanto a la propia instalación, advierten de que el trazado submarino atraviesa hábitats protegidos como las praderas de posidonia, «un ecosistema crítico que produce oxígeno, captura carbono y protege la costa», subraya el GOB. Alertan de que la instalación del cable puede causar daños irreversibles, liberando carbono acumulado y aumentando la vulnerabilidad del litoral.

El GOB añade que afecta también a otras especies protegidas y hábitats clave, fragmentando ecosistemas y poniendo en riesgo a especies marinas, incluidos cetáceos como el cachalote y el rorcual común, que tiene las poblaciones del Mediterráneo en grave peligro. La alteración de los fondos marinos perjudicará también a actividades tradicionales como la pesca y el turismo, sectores que mueven la economía local y que se verán afectados por la pérdida y empeoramiento de la biodiversidad en esta zona de la costa.

Según el GOB, el proyecto contradice normas internacionales como la Directiva Hábitats, la ley de Patrimonio y biodiversidad, así como otros tratados y normas reguladoras que exigen la protección de la biodiversidad y la adopción de estrategias reales para mitigar los efectos del cambio climático. El GOB solicita la paralización inmediata del proyecto por ser incompatible con los compromisos para la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático. Pide una revisión de las planificaciones energéticas para que se centren en un modelo de decrecimiento energético, relocalización productiva y protección de los ecosistemas insulares; y que el Comité Posidonia de Baleares «establezca criterios claros y vinculantes para proteger ese ecosistema único y en peligro».