Derrumbados 11 años después

Con ello, el municipio cierra una etapa de corrupción urbanística que marcó, durante años, el devenir de la localidad. La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, aseguraba este miércoles que lo importante es que «las tareas de demolición al fin han empezado» y se da así «cumplimiento a una sentencia judicial», añadía.

Pero llegar a este punto no ha sido nada fácil ya que todo el proceso ha venido marcado por los recursos judiciales, las apelaciones y las demoras administrativas. Solo los trabajos de las obras de derrumbe de los dos bloques de edificios se han tenido que licitar dos veces. «Tuvimos que indemnizar a la primera empresa que ganó el concurso de licitación por las demoras», recodaba ayer la alcaldesa. Y es que la primera licitación se adjudicó diciembre de 2020, ahora hace cuatro años. En agosto de este año se adjudicaron los trabajos a una segunda empresa, Dosmas Grup, que es la encargada de realizar la demolición iniciada ayer con una gran máquina excavadora, tal y como avanzó el martes este periódico.

Los trabajos, que tienen un presupuesto de 275.000 euros, se alargarán ocho semanas. En realidad, estos ya se iniciaron la semana pasada. Fue el 29 de noviembre cuando el Ajuntament d’Andratx recibió la orden judicial que les permitía entrar en la finca e iniciar los trabajos. «Hasta el momento, ya se había intentado vaciar los apartamentos y no era posible, incluso un vecino había puesto un cartel que advertía que no se podía entrar sin la orden del juez», recordaba ayer la alcaldesa. Tras recibir dicha orden, se avisó a todos los propietarios que sacaron sus pertenencias y se cerró perimentralmente el bloque de dos edificios y la piscina. «Los miembros de la brigada empezaron luego con la retirada de elementos que todavía había en los apartamentos», añadió Gonzalvo.
Las tareas licitadas no solo implican la demolición de los doce apartamentos, sino también conlleva la retirada de todos los escombros. Una vez finalizadas estas tareas, el solar quedará a disposición de la propiedad.

Gonzalvo recuerda que «nuestra obligación es la demolición, nada más. El solar es de titularidad privada», señala ya que la propiedad podrá volver a urbanizarlo. Eso sí, como viviendas unifamiliares. «La urbanización está recepcionada y el solar es urbano según las normas subsidiarais del municipio», recuerda la alcaldesa.