El camino de Ternelles actualmente puede ser transitado por un máximo de 20 personas al día. | Ultima Hora

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La Plataforma Pro Camins Públics i Oberts reabre la polémica entorno a la servidumbre de paso del Camí de Ternelles de Pollença. La entidad ha presentado una reclamación formal al presupuesto del Ajuntament para el ejercicio 2025. En concreto, solicitan que se incluya una partida específica destinada a la expropiación del camino, en cumplimiento de varias sentencias judiciales que reconocen la servidumbre pública de paso en este emblemático recorrido de la Serra de Tramuntana.

Desde el Ajuntament explican que, si bien la intención es garantizar la servidumbre pública de paso en el camino, esta no se logrará mediante la expropiación. En su lugar, han confirmado que se han mantenido conversaciones con la familia March, propietarios de la finca, con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita compatibilizar el acceso público con la conservación ambiental de la zona.

El conflicto se remonta a hace más de dos décadas, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que en todos los caminos de la Serra que conducen al mar existe una servidumbre pública de paso, aunque ello no implica que la propiedad del camino sea pública. Esta resolución llevó al Ajuntament a incluir el camino de Ternelles en su catálogo de caminos públicos, lo que derivó en un litigio con los propietarios de la finca. Una sentencia firme, ratificada por el Tribunal Supremo en 2001, estableció que el camino es privado, pero con una servidumbre pública de paso.

A partir de esta resolución, el Ajuntament obligó a la propiedad a abrir el acceso, con un límite máximo de 20 personas al día por razones ambientales. Sin embargo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprobado por el Partido Popular en la legislatura del 2003 al 2007 restringió aún más el acceso, creando zonas de exclusión en el Castell del Rei y Cala Castell, accesibles únicamente para usos científicos.

La plataforma argumenta que, a pesar de estas limitaciones, la servidumbre pública de paso reconocida por el Supremo nunca ha sido expropiada formalmente. Consideran que el presupuesto municipal de 2025 debería contemplar una partida específica para hacer efectiva esta expropiación y garantizar el acceso público al camino, tal como establecieron las sentencias de 2001 y 2015.

Cabe recordar que las modificaciones normativas introducidas por el Govern del Pacte de Progrés para intentar recuperar el acceso público han sido objeto de polémica y han enfrentado a instituciones, grupos ecologistas y la propiedad ya que a su vez suponían rebajar la protección ambiental de la zona para permitir el excursionismo. A pesar de las promesas de revisar el PORN de manera formal, el proceso sigue bloqueado, dejando la situación en un limbo.