El Ajuntament quiere regular las quemas agrícolas contaminantes

Muchas mañanas el aire es completamente irrespirable. | Lluc Garcia

Ll. GarciaSóller05/01/25 4:00
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Con la llegada de las calmas de enero aumentan de nuevo las quejas por la mala calidad del aire a causa de los humos que emanan las hogueras que muchos vecinos hacen para eliminar la maleza en huertos y jardines. Debido a la especial configuración orográfica de Sóller, estos humos quedan retenidos durante gran parte del día, pudiendo provocar problemas respiratorios en muchas personas.

Ahora el Ajuntament de Sóller se ha propuesto de nuevo intentar una regulación de estas quemas, sin prohibirlas. Después de una reunión que la concejala de Medi Ambient, Antònia Frau, mantuvo días atrás con la plataforma ‘Sóller per la qualitat de l’aire’, se ha mostrado dispuesta a crear una normativa que limite los días y horas en los que se puedan quemar restos vegetales. Gracias a la red de sensores de la plataforma, el Ajuntament estudiará crear una aplicación que indique la situación del aire y las condiciones atmosféricas locales y que, a modo de semáforo, informe a los interesados cuando se puede, o no, quemar la maleza.

En varias ocasiones el Ajuntament ya ha intentado regular las quemas agrícolas. El propio Govern tomó cartas en el asunto ya en 2008 por el preocupante estado del aire en los días de invierno y se llegó a colocar un sensor en la azotea de la casa consistorial. Hasta ahora no ha prosperado ningún intento de regulación a nivel local, pese a los avisos de contaminación lanzados desde ‘Sóller per la qualitat de l’aire', aunque anualmente se dicta un bando que recomienda que en esta época del año no se enciendan hogueras antes de las 11 de la mañana.

Ahora, Antònia Frau intentará de nuevo una normativa que iría acompañada de ofrecer a los vecinos la posibilidad de triturar los restos en vez de quemarlos, ya que se dispone de dos trituradoras.
Hay que recordar que desde 2022 las quemas agrícolas están prohibidas por Ley a nivel estatal. Sin embargo, el Govern logró esquivar la aplicación de la normativa en Balears.