Terrenos en Santa Margalida donde se instalará un parque solar con 9.000 placas equivalente a 4,5 campos de fútbol.

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La plataforma ‘Renovables sí, però així no!’ reclama al Govern y a todos los partidos con representación en el Parlament la derogación del artículo de la Llei de Projectes Industrials Estratègics que permite la construcción de centrales fotovoltaicas en suelo rústico de forma rápida y minimizando su tramitación, «sin ninguna planificación energética o territorial».

La petición surge después de que la pasada semana el Govern aprobara tres parques solares en suelo rústico, ubicados en Inca, Petra y Santa Margalida, a través de esta ley que permite «de forma excepcional» su construcción en suelo rústico. Según la plataforma, «el Govern está haciendo de la excepción la norma para llenar de centrales fotovoltaicas el suelo rústico de Mallorca». Además, recuerda que a estos tres proyectos se une una agrupación fotovoltaica en Santanyí y que estas cuatro centrales «suponen una ocupación aproximada de 75 hectáreas de suelo rústico donde se instalarán 108.000 placas fotovoltaicas, más unas líneas de evacuación de media y alta tensión que irán por caminos y lugares de fora vila de unos 23 kilómetros de longitud».

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Otra de las quejas de la plataforma se centra en que los cuatro proyectos aprobados «están situados en ubicaciones de importantes valores paisajísticos. En el caso de Son Vivot (Inca) se sitúa a cien metros del ANEI del Puig de Santa Magdalena», por lo que «resulta muy preocupante que el Govern no priorice la planificación energética y territorial incumpliendo la Llei de Canvi Climàtic y sean los intereses de negocio de las empresas las que marque su política energética y climática».

La plataforma insiste en «eliminar de la Llei 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos las implantaciones de energías renovables» y considera urgente declarar «una moratoria en la aprobación y tramitación de los proyectos de centrales fotovoltaicas en suelo rústico mientras se lleva a cabo una planificación energética y territorial que permita una transición energética ecosocial, con participación de la ciudadanía y preservando el patrimonio natural».