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El Congreso aprobó hoy, con los votos del PP, PNV, CIU e IU, el dictamen sobre el proyecto de ley que penaliza el tráfico de personas con fines de explotación sexual, la venta y difusión de pornografía en la que aparecen niños, el turismo sexual con menores y el incremento de las penas hasta los cuatro años para los inductores de la prostitución infantil. La nueva normativa eleva de 12 a 13 años la edad para que las relaciones sexuales se consideren como no consentidas y tampoco se considera válido el consentimiento de los menores de 15 años respecto a las relaciones sexuales con mayores de 18 años. El proyecto penaliza por primera vez el tráfico de personas con propósito de explotación sexual hacia dentro o fuera del territorio nacional y asimismo, y con el fin de acabar con el turismo sexual, se establece que los tribunales españoles puedan juzgar los delitos de prostitución y corrupción de menores cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.

La normativa penaliza a los asistentes a los espectáculos pornográficos con menores o incapaces, mientras que también se sanciona la producción, venta, distribución, exhibición o tenencia de dicho material. También se castiga por primera vez el acoso sexual cometido por un compañero de trabajo, no sólo si proviene de un superior sino si se produce una situación humillante para la víctima y sea una amenaza para sus expectativas laborales. El texto recupera asimismo la denominación jurídica de violación para las agresiones sexuales que consistan en acceso carnal, denominación que desapareció en el actual Código Penal. Durante el debate tanto el grupo socialista, que se abstuvo, como el grupo mixto que votó en contra, afirmaron que el texto está plagado de definiciones vagas y que en algunos casos, incluso, se vulnera el principio de libertad sexual de los adolescentes.